El Departamento de Estado de Estados Unidos preparó su Informe acerca de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad en el Mundo
Por Kay Schriner (kays@uark.edu)
Continuado con su tradición de informar acerca de la situación de los derechos humanos alrededor del mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha preparado su informe más reciente sobre los países. Según la Ley para la Asistencia al Exterior (Foreign Assistance Act) y la Ley de Asistencia al Comercio (Trade Assistance Act), los informes se usarán para "darle forma a la política, conducir la diplomacia y realizar la distribución de otros recursos para la asistencia y la capacitación". Además, estos informes también "sirven como una base para realizar la cooperación del gobierno de Estados Unidos a favor de grupos privados para promover el respeto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente".
Para preparar los informes, las embajadas de Estados Unidos entrevistan a individuos y organizaciones en cada uno de los países. Una vez que la embajada del país ha preparado su borrador, lo envía a Washington para su revisión y edición. Según el Departamento de Estado, el "principio de orientación" es asegurar que la información sea objetiva, completa y justa.
Los informes sobre los países abarcan una gran variedad de temas: derechos políticos, libertad de prensa, derechos de las mujeres y de los trabajadores y la persecución religiosa. Según la sección 5, cada uno de estos informes debe abarcar la situación del país en temas como la discriminación basada en raza, género, religión, discapacidad y situación social.
Están informes levantan opiniones entre quienes consideran que el gobierno de Estados Unidos es demasiado crítico con algunas naciones. También, otras personas se quejan de que Estados Unidos pretende ser "más papista que el Papa" al abordar los temas de derechos humanos. El gobierno Estadounidense es muy rápido señalando los defectos de los demás pero no considera sus propios problemas relacionados con los derechos humanos. Hay muchos fundamentos en estas críticas, sin embargo, los informes son interesantes para identificar los progresos realizados por cada nación.
No todo se relaciona con malas noticias, vale mencionar algunos desarrollos positivos:
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Costa Rica ha aumentado en un 20% sus servicios de educación especial y se han creado 116 centros de educación especial.
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El gobierno de Noruega ha recibido un puntaje alto por sus resultados al hacer que los edificios públicos, sean accesibles para las personas con discapacidad.
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Nuevas disposiciones en el Reino Unido ordenan que todas las empresas, deben realizar adaptaciones "razonables" para las personas con discapacidad antes de año 2004.
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El gobierno de Mozambique aprobó disposiciones para accesibilidad y transporte de personas con discapacidad durante la elecciones nacionales.
Otras situaciones son más bien preocupantes. Por ejemplo: En Rusia "ser un niño con discapacidad todavía significa un estigma social..." y muchos niños son considerados "no educables" (consulte por aparte el informe Niños con Discapacidad en las Instituciones de Rusia, en esta edición de Disability World). En India, hay quejas continuamente relacionadas con "el hostigamiento, la intolerancia y la discriminación" contra las personas con discapacidad.
Los siguientes fragmentos son una muestra de la manera en que el Informe se expresa. Estemos incluyendo aquí solo la sección "personas con discapacidad" de los informes de 10 países: Colombia, Costa Rica, India, Japón, Vietnam, Noruega, Rusia, Reino Unido, Sur Africa y Mozambique, pues son los países de un particular interés parta Disability World este año. Los Informes completos se pueden encontrar en el Sitio en la Red del Departamento de Estado de Estados Unidos. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/.
Colombia
La Constitución de Colombia enumera los derechos fundamentales sociales, económicos y culturales de las personas con discapacidades físicas, sin embargo, todavía quedan serios obstáculos que evitan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad.
No hay legislación que específicamente obligue prever el acceso de las personas con discapacidad en todas las áreas sociales (la mayoría de los edificios y el transporte público no permite el ingreso ni el uso por parte de las personas con discapacidad). Según la Corte Constitucional, las personas con discapacidad física deben contar con acceso a y, si la solicitan, recibir ayuda en los sitios de votación. La misma Corte ha ordenado que el fondo de la seguridad social para los empleados públicos, no puede negarse a darle los servicios a los niños con discapacidad de sus afiliados, independientemente del costo de esos servicios.
Costa Rica
Desde su aprobación en 1996, la Ley de Igualdad de Oportunidades prohíbe la discriminación en la prestación de servicios de salud y establece que las edificaciones deben ser accesibles a las personas con discapacidad. Esta ley no se está cumpliendo en su totalidad. Aunque un número de instituciones públicas y privadas han realizado esfuerzos individuales para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a sus instalaciones y servicios, en julio del año 2000 un estudio gubernamental concluyó que sólo un 35% de las metas establecidas en esta ley se estaban cumpliendo.
En 1999, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación publicaron directrices específicas para darle asistencia a los niños con pérdida auditiva, dificultades motoras, déficit atencional y retardo mental. En octubre del año 2000, el Ministerio de Educación Pública, informó que desde 1998 había aumentado en un 20% el número de servicios de educación especial en todo el país y que se habían creado 116 centros de educación especial.
El Ministerio de Educación opera un programa para personas con discapacidad y en noviembre la esposa del presidente Rodríguez, recibió un premio de Goodwill Industries por sus esfuerzos. El programa incluye un centro nacional de recursos (para la inclusión educativa), que le ofrece a los padres, estudiantes y maestros servicios de orientación, capacitación e información para la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales.
India
Según las organizaciones no gubernamentales regionales, hay más de 50 millones de personas con discapacidad en el país y según la Fundación sobre Ceguera para la India (Blind Foundation for India), hay más de 2 millones de niñas y niños ciegos en el país y sólo un 5% recibe una educación.
Para Javed Abidi del Centro Nacional para la Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad (National Center for Promotion of Employment for Disabled People, NCPEDP), el censo realizado durante el año no incluyó algunas categorías de discapacidad, imposibilitando una estimación exacta de las necesidades de las personas con discapacidad en India, un país donde ni la ley ni los reglamentos, obligan a contar con accesibilidad para las personas con discapacidad.
Con la adopción de la Ley para las Personas con Discapacidad (Persons with Disability Act) , se manifiesta el surgimiento lento de un movimiento de personas con discapacidad que está promoviendo la toma de conciencia acerca de los derechos de esta población.
Aunque la ley establece la igualdad de derechos para todas las personas con discapacidad, las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, admiten que sus efectos prácticos son mínimos, debido a una cláusula que hace depender a los programas de "la capacidad económica" del gobierno. Por ejemplo, los edificios del gobierno, las instituciones educativas y los espacios públicos en Nueva Delhi, carecen de adaptaciones para hacerlos accesibles a usuarias o usuarios de sillas de ruedas. En gran medida, la falta de estas adaptaciones todavía limitan la movilidad, la legislación evita la igualdad y la discriminación social mantiene las condiciones de desigualdad contra las personas con discapacidad.
La División para Asuntos de Discapacidad del Ministerio de Bienestar Social (Disabled Division of the Ministry of Welfare), tenía un presupuesto de más de $ 50 millones (2.3 millones rupias indias) para el año fiscal 2000-01 destinado a un número de organizaciones y comités nacionales, regionales y locales.
El Ministerio de Bienestar Social suministra servicios de rehabilitación a la población rural mediante 16 centros distritales. Hay un Plan Nacional de Rehabilitación donde el gobierno está comprometido a establecer un centro de rehabilitación en cada uno de los más de 400 distritos de India, sin embargo, el número de centros todavía está concentrado en las áreas urbanas. Así, el impacto de los programas del gobierno es limitado.
Hay un financiamiento significativo para algunas organizaciones gubernamentales como la Corporación de Fabricación de Extremidades Artificiales de India (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India), la Corporación Nacional de Desarrollo y Finanzas para las Personas con Discapacidad (National Handicapped Finance and Development Corporation) y el Consejo de Rehabilitación de India. Cada una de estas entidades ofrece servicios específicos, incluyendo capacitación para producir ayudas técnicas y prótesis, promoción de actividades de desarrollo económico orientados a las personas con discapacidad, capacitación de los profesionales de salud y de los instructores vocacionales acerca de los temas relacionados con la discapacidad y servicios de rehabilitación integral para las personas con discapacidad de áreas rurales.
Hay un sistema de pequeñas donaciones para organizaciones no gubernamentales que coordinan programas para las personas con discapacidad, dirigidos a su rehabilitación física, social y psicológica para lograr su participación abierta en la sociedad. Durante el período fiscal 2000-01, se contó con $13 millones (585 millones de rupias indias). Sin embargo, sólo se pudo distribuir la mitad de esa cantidad, debido a restricciones de financiamiento impuesta a las organizaciones intermediarias, además del reducido número de ellas que prestan tan importante labor.
Dos programas que benefician mucho a las personas con discapacidad son: el Programa Nacional para Integrar a las Personas con Retardo Mental en la Familia y la Comunidad (National Project to Integrate Mentally Retarded in Family and Community) y el Instituto Nacional para Discapacidades Múltiples.
El primer proyecto se inició, en 1998, en seis estados y esta dirigido principalmente a niñas y niños de los sectores económicos más débiles para promover un mayor nivel de conciencia acerca de las personas con discapacidades mentales, sus problemas y sus derechos. El segundo, dirigido por el Ministerio de Bienestar Social, suministra servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad y está promoviendo un mayor nivel de conciencia entre las comunicación de todo el país.
Como resultado de la aprobación de la Ley para las Personas con Discapacidad, se nombró un Comisionado en Materia de Discapacidad encargado de su puesta en práctica y la protección de las personas con discapacidad. Además el Ministerio formó un grupo de siete expertos en agosto para identificar los temas que afectan a las personas con discapacidad, revisar las políticas del gobierno y proteger los derechos de las personas con discapacidad.
Según la Ley para Personas con Discapacidad, se debe reservar un 3% de los puestos de las oficinas de gobierno y las empresas propiedad del Estado para ser ocupados por personas con discapacidad visual, auditiva u ortopédicas. La Ley dispone que un 5% de los empleados, tanto en el sector privado como público, debe pertenecer a la población con discapacidad.
Sin embargo, una investigación realizada en 1999 por el Centro Nacional para la Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad, indicó que el por porcentaje de persona con discapacidad en el sector público era de 0,54 y en el sector privado era de 0,28.
El gobierno brinda tarifas especiales para el transporte en tren, partidas educativas, becas, exoneraciones de artículos importados y fondos de presupuesto del Ministerio de Desarrollo Rural (Ministry of Rural Development) y capacitación en rehabilitación para apoyar a las personas con discapacidad. Sin embargo, hay irregularidades en la distribución de estos aportes y medidas. Aunque el gobierno ha emprendido esfuerzos significativos, su participación ha sido insuficiente. Gran parte de la responsabilidad por el cuidado de las personas con discapacidad, la debe asumir la familia y los grupos de voluntarios.
La organización NHRC continúa recibiendo quejas por acoso, intolerancia y discriminación contra las personas con discapacidad. Esta organización está reuniendo información y enviándosela a las agencias privadas y gubernamentales interesadas. Sin embargo, el proceso es lento y sus resultados hasta ahora, son mínimos.
La NHRC continúa durante todo el año con sus esfuerzos por mejorar las condiciones en los hospitales mentales y elevar el nivel de conciencia acerca de los derechos de las personas con discapacidad mental. En su informe de 1999, la NHRC manifestó que las condiciones de muchos hospitales mentales en el país, son inadecuadas.
En julio la NHRC coordinó ayuda con el Instituto de Ciencias Médicas Toda India (All India Institute of Medical Sciences, AIIMS) para un estudiante de medicina, que había perdido la vista antes de sus exámenes finales. El Instituto de Ciencias Médicas al principio, le informó al estudiante que no podría continuar; sin embargo, después de que se presentó una solicitud amparada en la Ley para las Personas con Discapacidad, cambió su postura inicial. El Instituto de Ciencias Médicas elaboró un sistema para atender situaciones similares en el futuro.
Pese a los aspectos positivos, la organización NHRC todavía emplea conceptos antiguos de salud mental. Esencialmente funciona como una institución de custodia y no como una institución terapéutica. Sobrepoblados y sirviendo como "sitios de depósito" para los familiares desesperados, algunos hospitales mentales carecen hasta de los artículos más básicos y tienen condiciones médicas muy pobres. En estos sitos, las personas con retardo mental y enfermedades mentales, son albergadas juntas. Esta situación produce el abuso físico de las personas con retardo mental. Los pacientes son mal alimentados, se les niega atención médica y son mantenidos en salones mal ventilados y con pobres condiciones de sanidad.
En India, la mayoría de los hospitales mentales privados son administrados por organizaciones islámicas, pero también hay hospitales mentales indúes y cristianas. En agosto, cuando 26 residentes de un hospital mental privado islámico en Erwadi, Tamil Nadu, murieron en un incendio, las víctimas fueron encontradas atadas a sus camas; cosa que parece ser una práctica común en muchas instituciones privadas similares. Después del incendio, el gobierno de Tamil Nadu ordenó el cierre de todos los asilos médicos que no tenía los debidos permisos de funcionamiento. Muchos de los residentes fueron alojados en hospitales mentales del Estado.
Por su parte, según funcionarios estatales de Tamil Nadu, 3.500 personas están internadas en 130 hospitales mentales privados. Los informes de la prensa describen condiciones espantosas de muchos hospitales mentales de otras partes del país, incluyendo uno donde durante el día se encadena a los residentes sobre un piso de piedra en un cuarto pobremente iluminado.
En agosto de 1999 la organización NHRC informó que había asumido la administración de los hospitales mentales de Ranchi, Bihar, Agra, Uttar Pradesh, y Gwalior, Madhya Pradesh, acatando una resolución de la Corte Suprema de India.
En febrero del 2000, el Presidente de NHRC, el Juez J.S. Verma le pidió a los ministros y administradores de todos los estados "que emitan directrices específicas para los inspectores generales de las prisiones que aseguren la excarcelación de todas las personas con enfermedad mental que estuvieran en las cárceles por cualquier circunstancia." Sin embargo, ha habido muy poco seguimiento de esta disposición de la NHRC. En el mes de enero del 2002, la NHRC le escribió a los ministros de todos los estados, pidiéndoles su apoyo para la recomendación de sacar de la cárcel a todas las personas con enfermedad mental; empero al finalizar el año, la recomendación no se había llevado a la práctica.
Japón
Se estima que hay unos 2,9 millones de personas con discapacidades físicas y unas dos millones de personas de personas con discapacidad mental. Aunque no están sido usualmente discriminados en el empleo, la educación y la prestación de otros servicios, las personas con discapacidad tienen poco acceso al transporte público, a la educación regular y a otras adaptaciones.
La Junta de Deliberaciones sobre el Empleo de las Personas con Discapacidad (Deliberation Panel on the Employment of the Handicapped), que opera dentro del Ministerio de Trabajo, ordenó que las empresas con 300 ó más empleados contraten un porcentaje mínimo de personas con discapacidad y la pena por incumplir es una multa.
En 1998, una directriz del Consejo de Gobierno ordenó que las empresas elevaran el porcentaje de personas con discapacidad física en el empleo de 1,6 a 1,8 y que también elevara el porcentaje de funcionarios públicos de 2 a 2,1%. Algunos gobiernos de la Perfectura han brindado subsidios a las compañías que contrataran a personas que usan sillas de ruedas. En junio, la Dieta Nacional aprobó una legislación enmendando 27 leyes que prohibían que las personas ciegas, sordas y las personas con discapacidad mental trabajar como doctores, dentistas, enfermeras y farmacéuticos. Debido a estas enmiendas legislativas los Ministerios de Salud, Trabajo y Bienestar Social, comenzaron a otorgar licencias a trabajadores con discapacidad, caso por caso.
La ley no obliga a que los edificios deban ser accesibles para las personas con discapacidad. Sin embargo, la ley sobre normas de construcción para instalaciones de servicio público permite que los operadores de hospitales, teatros, hoteles y similares reciban préstamos de bajo interés y reducciones de impuestos si construyen con entradas más amplias y colocan elevadores para facilitar el acceso a las personas con discapacidades.
En el año 2000, entró en vigencia la Ley de Transporte Sin Barreras de Japón. Su propósito es mejorar el acceso y la comodidad para las personas con discapacidad y las personas ancianas en el transporte público.
La Ley para la Promoción del Empleo de las Personas con Discapacidad, incluye a las personas con discapacidad mental. Las nuevas disposiciones también flexibilizaron los requisitos para otorgar las licencias a los centros comunales de apoyo, que promueven el empleo de las personas con discapacidad y, además, introducen subsidios gubernamentales para las personas con discapacidad en trabajos de medio tiempo.
La Oficina del Primer Ministro de Japón, estableció las Sedes para Promover el Bienestar de las Personas con Discapacidad (Headquarters for Promoting the Welfare of Disabled Persons). En años anteriores, esta oficina había recomendado que las municipalidades elaboraran planes formales para cuidar a las personas con discapacidad.
El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Japón también le había señalado a los gobiernos locales respecto al número de proveedores de servicios e instalaciones de atención domiciliar para las personas con discapacidad. En el año 2000, 74,9% de las municipalidades tenían planes de atención formal para los ciudadanos con discapacidades. Durante el año, el gobierno eliminó las disposiciones de la Ley de Servicios Médicos (Medical Service Law) que exoneraban a los hospitales mentales de la necesidad de contar con un mínimo de directrices para su personal, incluyendo un mínimo de empleados por número de residentes, sin embargo continuó dándose la falta de personal.
La acción de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad, continuó la lucha en favor de la realización de una investigación relacionada con los casos de esterilización forzada, que se efectuó entre 1949 y 1992, y obtener una disculpa formal y una compensación
Vietnam
No existe una discriminación oficial contra las personas con discapacidad en el empleo, la educación o para que a estas personas, les sea negado ninguno de los servicios ofrecidos por el Estado. Sin embargo, la disponibilidad de servicios para apoyar a las personas con discapacidad es limitada. Así, el gobierno ofrece poca ayuda oficial o apoyo efectivo para las personas con discapacidad.
En Vietnam, las agencias gubernamentales responsables de brindarle los servicios a las personas con discapacidad, han estado trabajando con grupos nacionales y extranjeros para ofrecer protección, apoyo, acceso físico, educación y empleo. La puesta en práctica de estos proyectos, es limitada por la falta de presupuesto. La ley dispone que el Estado está obligado a proteger los derechos y estimular el empleo de las personas con discapacidad. La legislación incluye ciertas disposiciones de trato preferencial para que las empresas, incluyan a futuros trabajadores con discapacidad en programas de capacitación. Además, se establecen impuestos para las empresas que no lo le dan trabajo a las personas con discapacidad.
No se sabe hasta qué punto el gobierno está llevando a la práctica todas estas medidas. El gobierno ha permitido que grupos internacionales colaboren con las personas lesionadas por la guerra. Se han realizado progresos para evitar accidentes con artefactos sin detonar, u otras causas; además se han desarrollado recursos locales para la fabricación de prótesis y ayudas técnicas. También hay leyes que hacen obligatoria la accesibilidad a los edificios. Los grupos internacionales trabajan con el gobierno para aumentar esa accesibilidad. También se trabaja en programas para aumentar el acceso de las personas con discapacidad a la educación y al empleo.
Noruega
En este país no existe discriminación contra las personas con discapacidad en materia de empleo, educación o prestación de servicios estatales. La legislación noruega dispone que todos los edificios públicos sean accesibles para las personas con discapacidad y el gobierno, generalmente cumple y hace cumplir estas regulaciones.
Rusia
La Constitución rusa no comprende directamente el tema de la discriminación contra las personas con discapacidad. Aunque existen leyes que prohíben la discriminación, el gobierno, no las hace cumplir. Los pocos recursos que el gobierno puede destinar para apoyar a las personas con discapacidad, son usados para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos armados.
La legislación establece que las empresas con más de 30 empleados deben reservar un 3% de sus puestos laborales a personas con discapacidad o bien, contribuir con los programas gubernamentales para crear trabajos para ser ocupados por personas con discapacidad.
La misma legislación eliminó el término "inválido", definido como una persona que no puede trabajar, sin embargo el gobierno no ha puesto estas leyes en práctica. Algunas personas con discapacidad encuentran trabajo dentro de las fábricas administradas por la Asociación Toda Rusia para las Personas con Discapacidad (All-Russian Society for the Disabled), pero la gran mayoría de esta población, no puede encontrar un puesto laboral; otros son desalentados para que no busquen empleo y otros más son forzados a refugiarse en la Seguridad Social.
Existen instituciones para niños con discapacidades, pero no atienden sus necesidades adecuadamente debido a falta de dinero. Ser un niño con discapacidad sigue siendo un estigma social en el país. Esta actitud ejercerse una fuerte influencia en la manera en que los niños institucionalizados, son tratados. Muchos de estos niños y niñas son considerados como "no educables"; incluso los que presentan solo leves defectos de nacimiento.
En Moscú, los padres que desean matricular a sus niños en la escuela regular, deben presentar un certificado médico, donde se estipule que el niño tiene una salud perfecta. Las familias que tienen niños con discapacidades, reciben subsidios estatales muy bajos, que no cambian para ajustarse a la inflación creciente desde la era soviética.
Según un informe de 1998 de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, muchas niñas y niños con discapacidad en las instituciones, deben permanecer en sus camas todos el día o están encerrados en habitaciones inadecuadamente iluminadas, calentadas y sin mobiliario. Estos niños sólo reciben cuidados mínimos por parte de un personal mal pagado y sin la capacitación para sus funciones en discapacidad. En noviembre, el Presidente de Rusia emitió un decreto para algunos programas destinados a niños con discapacidades. Esta designación es sólo honoraria, pues en nada mejora los presupuestos de esos programas.
El gobierno no ordena que los edificios públicos tengan acceso para las personas con discapacidad y la accesibilidad sigue siendo un programa.
La organización no gubernamental Sociedad para la Defensa de los Inválidos (Society for the Defense of Invalids), continúa trabajando para mejorar el nivel de conciencia y sus conocimientos acerca de los problemas de las personas con discapacidad. Esta organización realiza talleres, mesas redondas con funcionarios públicos y programas de capacitación con personas con discapacidad. El 24 de octubre, el Tercer Congreso de la Sociedad de Inválidos Toda Rusia (All-Russian Society of Invalids), que representa a más de 2 millones de personas, le pidió al gobierno que destinará más recursos para apoyar a más de 4 millones de personas con discapacidad en el país.
Reino Unido
La Ley de Discriminación por Motivos de Discapacidad (Disability Discrimination Act) prohíbe la discriminación contra las personas con discapacidad cuando no hay accesibilidad a los edificios públicos para sus empleados en empresas con más de 15 empleados, proveedores de servicios (salvo los que ofrecen educación u operan vehículos de transporte, según otras leyes) y todos los que venden o alquilan propiedades.
Adicionalmente, todas las empresas deben disponer de adaptaciones para los clientes con discapacidades. La ley pide que estas adaptaciones sean "razonables". Esto significa que esas adaptaciones, al cumplirse con ellas, deben considerar las circunstancias y el tamaño de las empresas.
Por su parte, la Ley de Educación (Education Act), obliga que las autoridades educativas adopten todas las disposiciones para abarcar las necesidades educativas de las niñas y los niños con discapacidad.
Por otro lado, la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Disability Rights Commission, DRC), una de cada siete personas en Gran Bretaña presenta una discapacidad. Esta Comisión informó que 8,5 millones de personas deben enfrentarse con la discriminación en el trabajo, la vivienda, la salud y la atención social.
En marzo, el gobierno respondió ante un informe presentado por un grupo de derechos humanos en materia de discapacidad, anunciando nuevas medidas para abarcar casi 7 millones de personas con discapacidad, que anteriormente habían sido excluidos de la protección correspondiente, según la Ley de Discriminación por Motivos de Discapacidad. Tal situación les impedía desempeñarse en trabajos como policías, bomberos y funcionarios de la prisión.
La Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad opera una línea telefónica de consulta, que atiende a las personas con discapacidad, los empleadores, las consultas de tipo legal y ofrece apoyo personal y le ofrece asesoría a las agencias del gobierno. Esta Comisión tiene facultades para realizar investigaciones formales, organizar sesiones de conciliación, requerir que las personas adopten planes para asegurar el cumplimiento de la ley; además, puede solicitar medidas cautelares para evitar la discriminación ilegal.
Las disposiciones del gobierno indican que todos los edificios nuevos deben ser accesibles para todas las personas con movilidad restringida y que todos los taxis sean accesibles a personas que usan silla de ruedas. Sea han puesto en marcha disposiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades sensoriales. Sin embargo, persisten las dificultades de accesibilidad en los edificios viejos, incluyendo las terminales y los centros de transporte. Las nuevas disposiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad que se han introducido, indican que todas las empresas deberán realizar las adaptaciones "razonables" para antes del año 2004.
Sudáfrica
La Constitución prohíbe la discriminación por motives de discapacidad. La sociedad se abre el concepto de que las personas con discapacidad tienen derechos que deben ser protegidos. El gobierno procura que todos los proyectos que financia incluyan disposiciones para atender las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, en la práctica todavía persiste la discriminación contra las personas con discapacidad en el empleo dentro de los sectores estatal y privado. La ley establece la obligación de hacer accesibles los edificios para las personas con discapacidad, pero sus disposiciones rara vez se cumplen y el nivel de conciencia sobre esta necesidad, es mínimo.
En Sudáfrica, la ley requiere que los empleadores que tengan más de 50 trabajadores deben crear un plan de acción afirmativa para asegurar igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
El Programa Nacional de Accesibilidad al Ambiente (National Environmental Accessibility Program), una organización de personas con discapacidad y de prestatarios de servicios, ha realizado actividades de incidencia en nueve provincias para defender el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la legislación, incluyendo la presentación de litigios administrativos y legales cuando se modifica el propósito de una propiedad protegida. En agosto, la Comisión de Servicios Públicos (Public Service Commission), le informó al Comité Parlamentario que sólo un 0,02 de trabajadores con discapacidad, constituyen el total de la fuerza laboral del sector público de Sudáfrica.
Mozambique
La Constitución dispone que "los ciudadanos con discapacidad disfrutarán completamente de los derechos". Sin embargo, el gobierno destina pocos recursos para llevar a la práctica esta disposición. Las y los representantes de los grupos de personas con discapacidad y de los veteranos heridos, han protestado debido a que la discriminación social todavía continúa contra las personas con discapacidad. En Mozambique, los veteranos de guerra están entre los grupos políticamente mejor organizados. Aproximadamente 1,9% de los ciudadanos presentan una discapacidad física o mental.
El gobierno solo tiene cuatro escuelas para personas sordas y con deficiencias visuales y para las personas con discapacidades físicas y mentales. Hay pocas oportunidades de que las personas con discapacidad, puedan encontrar trabajo en el sector formal de la economía, aunque en el Censo de 1997 se informó que un 55% de las personas con discapacidad trabajaba.
Los trabajadores sociales encontraron que algunos padres de niños con discapacidades de varios distritos, incluyendo Gorongosa y Dondo, no permitían que sus niños salieran de la casa. Las y los funcionarios del Ministerio Provincial de la Mujer y la Coordinación de la Acción Social (Provincial Ministry of Women and Coordination of Social Action), continuaron su campaña educativa para cambiar las actitudes tradicionales hacia los niños con discapacidad. Durante el año, el gobierno aportó becas para 615 niños con discapacidad.
El gobierno continuó dependiendo de una organización no gubernamental para las personas con discapacidad. La Asociación de Personas con Discapacidad de Mozambique (Association of Disabled Mozambicans), atiende necesidades sociales y económicas de personas con discapacidad. Esta organización tuvo problemas internos. También se han formado grupo pequeños como la Asociación de Militares y Paramilitares con Discapacidad de Mozambique (Association of Handicapped Military and Paramilitary Mozambicans), la Asociación de Ciegos y Personas con Limitaciones Visuales de Mozambique (Association of Blind and Visually Impaired Mozambicans, ACDVM), la Asociación de Soldados con Discapacidad de Mozambique (Association of Mozambican Disabled Soldiers, ADEMIMO), la Asociación de Sordos de Mozambique (Association of Deaf Mozambicans, ASUMO), la Asociación de Veteranos de Guerra Desmovilizados (Association of Demobilized War Veterans, AMODEC) y la Asociación de Mujeres con Discapacidad Divorciadas (Association of Disabled Divorced Women, AMODD).
En el año 2000, esta organización organizó una conferencia para estudiar los derechos de las personas con discapacidad.
Las demandas de las personas con discapacidad incluyen oportunidades sociales, económicas y de empleo, accesibilidad a los edificios y al transporte, también hay quejas por la falta de sillas de ruedas. Entre toda la legislación que el gobierno ha aprobado para el acceso a los edificios y al transporte para las personas con discapacidad, están las disposiciones de la ley electoral, para atender las necesidades de los votantes con discapacidad en las urnas, durante las primeras elecciones libres del país.
En Mozambique, las facilidades de acceso a las edificaciones son raras. En 1999, el Consejo se Gobierno emitió una resolución aprobando la primera política nacional relacionada con las personas con discapacidad. Esta resolución incluye los principios y estrategias para lograr la participación de las personas con discapacidad en el desarrollo social y económico del país. Los programas se proponen lograr la accesibilidad a los edificios públicos y a las instalaciones del gobierno. El plan todavía no se ha llevado a la práctica debido a limitaciones económicas.
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