El movimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad de Filipinas va a la corte
Por Michelle Favis
Una de las mayores barreras contra el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en las Filipinas es el sistema judicial. Las Cortes en las Filipinas nunca habían estudiado un caso de derechos humanos en materia de discapacidad, pero un dirigente con discapacidad, Manuel Batac, busca cambiar todo eso.
Batac es el Presidente de la Fuerza de Trabajo sobre Accesibilidad en la Inspección de Edificaciones del Comité de Desarrollo para las Personas con Discapacidad de Caloocan (Accessibility Task Force Building Inspection of the Caloocan Development Committee for Persons with Disability), y está comprobando la fuerza del compromiso de la Corte con los derechos de las personas con discapacidad.
Él ha presentado juicios ante el Departamento de Justicia contra un grupo de restaurantes ubicados en la ciudad de Caloocan, por violaciones a la Ley sobre Accesibilidad y la Constitución. Ambos instrumentos legales indican que los establecimiento públicos deben proveer características de acceso para las personas con discapacidad. Estos son los primeros casos en las Filipinas presentados contra un establecimiento por no cumplir con la legislación de derechos en materia de discapacidad del país. El Sr. Batac, con el apoyo del Consejo Nacional acerca del Bienestar de las Personas con Discapacidad (National Council on the Welfare of Disabled Persons, NCWDP), se ha esforzado para que los casos sean aceptados por el gobierno de Filipinas, desde hace más de un año.
Los casos
Batac sostiene que los restaurantes demandados, incluyendo el Rich Apple Restaurant, Henlin Restaurant, Kentucky Fried Chicken, and Max's Restaurant, no han cumplido con las disposiciones ni ha puesto en práctica la Ley de Accesibilidad. La acusación no es que los demandados no ofrecieron el acceso, sino que las características de esa accesibilidad presenta problemas. Por ejemplo, la empresa Max's Restaurant construyó una rampa de acceso para personas con discapacidad, pero la inclinación de esa rampa supera la gradiente de 1:12 establecido por ley y es demasiado pesada para subir con una silla de ruedas. Adicionalmente, la rampa construida da a una calle congestionada, situación que Batac sostiene que es una situación de peligro.
Henlin Restaurant no ha cumplido con la obligación de construir una rampa adecuada. Otras barreras encontradas en estos restaurantes incluyen servicios sanitarios que no son accesibles, elevadores que no se pueden usar, falta de una entrada sin gradas y falta de un área accesible a los espacios principales de los restaurantes. Los restaurantes no cumplieron la obligación de ofrecer espacios de estacionamiento para las personas con discapacidad y no colocaron superficies antideslizantes.
Todos los propietarios de estos restaurantes rechazan las acusaciones del Sr. Batac; dicen que ellos "han cumplido sustancialmente" con las leyes. Inicialmente, el Sr. Batac trató de persuadir a esos propietarios para que eliminaran los obstáculos de manera voluntaria y así lograr que cumplieran con la legislación sobre accesibilidad. Él les había escrito a los propietarios de los restaurantes para que trabajaran dentro de su comité (que incluye a un grupos de arquitectos e ingenieros que ofrecen asesoría para realizar las construcciones que sean necesarias). Pero los propietarios de esos restaurantes nunca respondieron en más de 12 meses. El año pasado, tras confirmar que ellos no deseaban colaborar, el Sr. Batac inició las acciones legales, presentado las demandas correspondientes ante el Ministerio de Justicia.
La decisión
El Ministerio de Justicia respondió desfavorablemente a las demandas del Sr. Batac. Los Fiscales Aristóteles Reyes y Melvin J. Abad, que son los responsables de las investigaciones, rechazaron los cuatro casos por "falta de mérito". En su resolución conjunta, ellos manifestaron que los restaurantes: "habían cumplido sustancialmente las disposiciones de la ley" y sostuvieron que la Ley de Accesibilidad "no es un estatuto penal diseñado para castigar a las personas por violación a sus disposiciones, sino una ley de cumplimiento voluntario". Sin embargo, la Ley de Accesibilidad indica explícitamente, en su Sección 4: "la persona a cargo de la construcción, reparación o renovación de un edificio, espacio o instalaciones será responsable criminalmente por toda violación"; lo cual es contrario a la resolución tomada.
Las autoridades del Ministerio de Justicia también realizaron interpretaciones contradictorias de la ley. Ellos argumentaron que, debido a que los propietarios de los establecimientos tenían las correspondientes licencias y permisos de ciertas agencias: "no se puede argumentar que ellos cumplían rigurosamente con la ley". El Sr. Barac reunió todas estas argumentaciones y presentó una solicitud de reconsideración, con la asesoría del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad de Filipinas. Mediante esta solicitud, el Sr. Barac señaló que, por si sola la aprobación de un funcionario de la ciudad no es prueba de cumplimiento, particularmente considerando que no todos los funcionarios de construcciones conocen la Ley de Accesibilidad y la Carta Magna.
Este razonamiento aparentemente no fue suficiente para que el Ministerio de Justicia aprobara la Solicitud de Reconsideración. Como resultado de la postura inflexible del Ministerio de Justicia, la batalla contra los propietarios de los restaurantes a pasado a una demanda contra el Estado de Filipinas, cuyas acciones consideran el Sr. Barac y el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad de Filipinas como limitantes para el respeto de los derechos humanos. Mateo Lee, Director del Consejo Nacional, considera que las decisiones del Ministerio de Justicia están parcializadas "a favor del empleador" y un signo de falta de sinceridad hacia los ciudadanos con discapacidad: "El Ministerio de Justicia está rechazando la oportunidad de educar a otras personas acerca de los alcances de la ley". Esto se debe en parte debido a que el mismo Ministerio de Justicia "ignora la ley". El Ministerio de Justicia ha declarado que sólo el Ministerio de Obras Públicas y Carreteras puede presentar demandas formales en materia de accesibilidad y no los individuos. Sin embargo, el Sr. Barac manifiesta: "Nosotros somos las víctimas. Nosotros tenemos el derecho de presentar demandas ante el Ministerio de Justicia... usar sus instalaciones."
El siguiente movimiento
El 24 de abril del 2002. el Sr. Batac presentó un Solicitud de Revisión ante Hernado Pérez, Ministro de Justicia, esperando que él cambiara las decisiones de los fiscales encargados de los casos para así admitir las demandas, o por lo menos hacer que esos fiscales investigaran con más detenimiento. Para poder presentar su solicitud de revisión, el Sr. Barac tuvo que ser alzado en brazos y subido hasta el segundo piso hasta llegar a la oficina del Ministro Pérez, que no era accesible. El Sr. Batac dijo: "Yo deseaba que él me viera, para que viera a la persona que estaba afectando."
El Ministro de Justicia puede tardar hasta dos años en tomar la decisión final. La posibilidad de una larga espera no reduce la motivación de Manuel Batac, quien piensa "seguir adelante." Su perseverancia ha ha comenzado a dar frutos positivos, como es el caso del los restaurantes de Kentucky Fried Chicken que han construido facilidades de acceso en sus locales. Claro que esto no es suficiente para Manuel Batac, que desea que el gobierno le apoye en esta batalla legal. El Sr. Mateo Lee del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad de Filipinas también busca el apoyo gubernamental. Cuando le preguntamos a al Sr. Lee qué sucedería si las demandas fueras desestimadas, nos dijo: "Vamos a agotar todas las vías administrativas y luego ¡llegaremos hasta el Presidente!"
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