Costa Rica: Personas con discapacidad con escasas oportunidades de empleo
Por Luis Fernando Astorga Gatjens (lferag@racsa.co.cr)
Un informe emitido por la Unidad de Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica, revela lo que es una verdad cotidiana para muchas personas con discapacidad con deseos de trabajar: "las opciones de empleo, después de casi seis años de vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, siguen siendo muy escasas".
Según el documento de esta instancia que se ocupa, desde hace un año, de promover el acceso al empleo de las personas con discapacidad, persiste una enorme brecha entre el desempleo que enfrenta la población económicamente activa (PEA), en general frente al que afecta la población con discapacidad.
En Costa Rica, en el último lustro la tasa de desempleo, ha rondado el 6 %; 6.1 %: durante el 2001, de acuerdo al dato proporcionado por el Director Nacional de Empleo, Mario Villalobos. En contraste, la población con discapacidad, inactiva o desempleada, supera el 60 %, de acuerdo a la encuesta de hogares y propósitos múltiples, publicada en julio de 1998 (Ministerio de Economía, Industria y Comercio -MEIC, Dirección Nacional de Estadística y Censos).
Este estudio estadístico ha sido la aproximación más cercana y específica en función de conocer la situación de las personas con discapacidad en el país. A partir de este trabajo se estableció que el 9,32 % de la población costarricense, tiene alguna discapacidad; lo que representaba para el período en el cual se realizó la encuesta, 311.554 personas.
Un dato revelador del cual también informa la mencionada Unidad, es que de cada 100 personas con discapacidad, que acuden a la oficina que realiza la labor de intermediación de empleo, sólo 10 logran colocarse.
Surgen, entonces interrogantes acerca de cuáles son las causas que hacen que persista el desempleo entre la población con discapacidad, después de que se emite una ley como la que promueve la igualdad de oportunidades (Ley 7600) y que indica en su artículo 23, lo siguiente:
"El Estado garantizará a las personas con discapacidad, tanto en zonas rurales como urbanas, el derecho de un empleo adecuado a sus condiciones y necesidades personales".
Globalización sombría
El avance inexorable de la globalización económica, hasta el presente, no ha constituido una buena noticia para las personas con discapacidad sin empleo y con deseos de trabajar. La omnipresencia de mayores exigencias competitivas, profundiza las desventajas para un sector, que históricamente ha estado excluido del desarrollo económico y social.
En el caso costarricense, el afianzamiento de políticas de carácter neoliberal, ha frenado el desarrollo de programas sociales, que serían necesarias para generar mayores oportunidades productivas y de empleo para las personas con discapacidad.
Mientras tanto, el relativo estancamiento de la economía costarricense de los últimos años, ha hecho que la apertura de nuevos puestos de trabajo, no haya ascendido significativamente. Así las cosas, tanto por la vía del incremento de requisitos como por el estancamiento de la demanda laboral, es muy difícil que una persona con discapacidad compita por un puesto y lo gane, si existen personas sin discapacidad aspirando a ese puesto.
Los hechos demuestran que para ganar una competencia de esta naturaleza, la persona con discapacidad tiene que estar muy calificada. Esta situación aunque se da, es muy rara y representa una muy pequeña minoría dentro de este grupo poblacional.
Entorno discriminante
Aunque para que subsistan alto niveles de desempleo entre la población con discapacidad, confluyen varias causas, la principal es la subestimación que prevalece en el entorno socio-cultural costarricense.
El sector empleador, tanto público como privado, es reacio a la contratación de personas con discapacidad. En el caso del sector privado, es oportuno indicar que aunque existen algunas normas en la ley que regula el impuesto sobre la renta, que benefician -- mediante exoneraciones -- a las empresas contratantes de personas con discapacidad, éstas no están utilizando esta normativa.
Los prejuicios subestimativos, si bien afectan todas las esferas de la actividad social, en el campo de las relaciones económicas y de producción, se hacen más notorios y dramáticos. ¿Qué empresario, qué jefe o jefa de recursos humanos que tenga una actitud subestimativa frente a la discapacidad, va a contratar a una persona con discapacidad?
La idea es que se contrate al o la oferente con discapacidad, no por la lástima que puede producir su condición, sino por su formación, experiencia, destrezas o habilidades. Lo que se busca es que se dé una oportunidad laboral para producir y desarrollarse.
Formación débil
Otro factor que incide en la baja demanda de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, es la calidad de su oferta laboral.
Como una consecuencia lógica de una historia de discriminación y de falta o limitado acceso a la educación y a diferentes niveles de formación técnica, los perfiles laborales que dominan, son de bajo nivel formativo. Obviamente, esto hace más difícil para un amplio sector de personas con discapacidad, acceder a un puesto de trabajo.
Los avances en esta materia todavía son incipientes. Aunque la Ley 7600 garantiza el derecho a la educación para las personas con discapacidad, el impacto en reales oportunidades formativas para adultos jóvenes con discapacidad -- un segmento muy afectado por el desempleo -- siguen siendo limitadas.
"En ocasiones, he atendido a personas con discapacidad que acuden al Ministerio de Trabajo para que se les ayude a buscar un empleo, que por su tipo de discapacidad, no pueden desarrollar actividades pesadas pero que su escolaridad y formación técnica, no los califica para otro tipo de empleo. Tal combinación de factores hacen muy difícil su colocación", indicó Florizul Aguilar de la Unidad de Discapacidad de la mencionada institución.
Otras inaccesibilidades
El otro serio problema relacionado con la falta de oportunidades de empleo, es la inaccesibilidad prevaleciente en el espacio físico y arquitectónico del país así como en el transporte colectivo.
A las enormes dificultades para conseguir un empleo se suma si la persona, en arreglo a su discapacidad, puede hacer uso del transporte público y si la edificación donde va a trabajar, tiene las condiciones mínimas para su acceso y desplazamiento interno.
Todo este conjunto de factores conspiran para complicar enormemente o impedir que muchas personas con discapacidad, puedan emplearse, generar sus propios ingresos, pagar sus impuestos, mejorar su calidad de vida, afirmar su independencia y contribuir al desarrollo del país.
"La ley 7600 contempla, implícitamente, el derecho de las personas con discapacidad a un desarrollo cada vez más inclusivo. Es en el acceso al empleo y a la actividad productiva, donde se ve más claramente la exclusión y la discriminación. El único camino para que cada vez más personas con discapacidad, avancen en sus condiciones de vida es cumpliendo efectivamente esta ley y garantizando el acceso a la educación, al espacio físico, al transporte colectivo y al empleo", afirma en su parte conclusiva el mencionado informe de la Unidad de Discapacidad.
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