COSTA RICA: Cientos de personas con discapacidad marchan por igualdad de oportunidades
Por Luis Fernando Astorga Gatjens (lferag@racsa.co.cr)
El viernes, 1 de junio del 2001, más de mil quinientas personas, la mayoría con diversas discapacidades, marchamos por la avenida segunda de San José, la capital de Costa Rica, clamando por igualdad de oportunidades.
Esa ancha avenida se nutrió de un colorido grupo de personas, que se movilizaban en sillas de ruedas, que se apoyan en muletas, que se orientaban por medio de sus bastones blancos, que eran guiados por perros o que se daban cuenta de lo que se decía, a través de intérpretes de lenguaje señas.
La exitosa y entusiasta movilización fue organizada por el FORO POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con el propósito de conmemorar el primer lustro de la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ley # 7600), aprobada por el Parlamento costarricense en 1996.
Asimismo se buscaba mostrar a la sociedad costarricense, la voluntad del movimiento social de las personas con discapacidad de luchar por sus derechos humanos y reclamar el reiterado incumplimiento de la mencionada Ley # 7600.
Y es que después de cinco años de vigencia, el balance de su cumplimiento efectivo, es ampliamente deficitario. Aunque se han dado algunos avances, éstos son poco profundos, reversibles y no han sido capaces de cambiar las condiciones y la calidad de vida de la inmensa mayoría de los casi 400 mil personas, que constituimos la población con discapacidad en Costa Rica. Seguimos siendo, tal como lo indica, la Defensoría de los Habitantes, en su más reciente informe, uno de los sectores poblacionales más excluidos del país.
La subestimación y sobreprotección forman parte, de manera fuertemente dominante, del entorno socio cultural costarricense; lo que se traduce, en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, en marginación y diversas formas de discriminación pasiva.
Convencidas de que un cambio profundo en esta situación, demanda una participación activa y protagónica, no solo de las personas con discapacidad, sino de todos los sectores sociales que aspiran y luchan por la igualdad de oportunidades, es que cientos de personas, procedentes de distintas localidades del país, acudieron al llamado del Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Este significativo esfuerzo de potenciación social y política, se expresó a través de las centenas de gargantas y pancartas, que gritaban consignas como:
"Ley 7600: exigimos cumplimientos",
"Igualdad de oportunidades: para todas las personas, para todas las edades",
"Mujer discapacitada: doblemente discriminada",
"Patria escucha: estamos en la lucha",
"Baruch neoliberal, entrega la plata de lo social" (Leonel Baruch es el Ministro de Hacienda de Costa Rica).
Empero hubo una frase que se apoderó de la conciencia unánime de la vibrante multitud, a tal punto que se convirtió en la consigna "oficial" de esta Marcha por la Igualdad de Oportunidades: "SIN PATRIA ACCESIBLE, LA DEMOCRACIA ES IMPOSIBLE".
La marea humana diversa y esperanzada se concentró en el Parque de la Merced, avanzó dos kilómetros bajo un ardiente sol de mediodía y desembocó, con sus justos reclamos, frente al edificio de la Asamblea Legislativa. Ahí el Presidente del Parlamento costarricense, Ovidio Pacheco escuchó la lectura de la CARTA ABIERTA A COSTA RICA (documento que se anexa a esta crónica).
El epílogo de la actividad estuvo lleno de canto. "Gracias a la vida" de la compositora chilena Violeta Parra, fue el punto de cierre de la movilización. Su optimista mensaje reafirmó el ánimo que como una invisible corriente eléctrica, recorrió de extremo a extremo esta marcha histórica, marcada para siempre por la impronta de justicia y de la esperanza.
CARTA ABIERTA A COSTA RICA
De las Organizaciones de Personas con Discapacidad:
A todas las Ciudadanas y los Ciudadanos.
El 29 de mayo de 1996, se publicó en el diario oficial La Gaceta La Ley Nž 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Este cuerpo normativo tiene como objetivo principal servir como instrumento a las personas con discapacidad para alcanzar su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales.
Un conjunto de organizaciones que conforman el movimiento social de personas con discapacidad, decidimos realizar una marcha en conmemoración del quinto aniversario de la vigencia de la Ley Nž 7600. Esta es sin duda una buena ocasión para reflexionar en torno al grado de cumplimiento de esta Ley. El panorama que observamos no es nada alentador. De acuerdo al último Informe Anual de la Defensoría de los Habitantes, las personas con discapacidad se encuentran entre uno de los grupos más excluidos de la sociedad costarricense.
Aún permanece vigente nuestro anhelo de asistir a la escuela más próxima a nuestra residencia, usar el mismo transporte público que nuestras hermanas y hermanos, amigas y amigos, obtener un trabajo digno, según nuestra formación educativa y capacidades personales y a utilizar los servicios de salud y de rehabilitación, en función de nuestras necesidades. Sin embargo, ello es tan bello como lejano. Los avances en el cumplimiento de la Ley Nž 7600 son muy incipientes, excesivamente lentos, irregulares y reversibles.
Es absolutamente necesario un compromiso genuino del Gobierno, de las instituciones públicas y de la sociedad costarricense, en general, tendente a elevar la calidad de vida de la población con discapacidad. Por lo anteriormente expresado:
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Al Poder Legislativo: le exigimos que profundice los cambios en materia normativa a efecto de garantizar la igualdad de oportunidades de las Personas con discapacidad. Actualmente, una comisión del Parlamento estudia el Proyecto de Ley General de Transporte Colectivo e Intermodal que representa un verdadero retroceso en cuanto a la accesibilidad a los autobuses, no sólo para las personas con discapacidad sino también para toda la población con movilidad restringida; la cual incluye a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, personas obesas, personas pequeñas y muchas otras. Consideramos que este proyecto debe sufrir modificaciones para que se incorpore el principio de accesibilidad universal a los servicios públicos.
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Al Poder Ejecutivo: le exigimos tomar las medidas necesarias para el irrestricto goce de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad. Ello implica incluir en los planes, políticas, programas y servicios los principios de igualdad de oportunidades y de accesibilidad. Asimismo, dotar de los recursos presupuestarios para que dichos planes puedan concretarse de manera satisfactoria.
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Al Poder Judicial: le exigimos asumir una actitud de vigilancia a fin de garantizar el respeto irrestricto de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. En ese sentido, creemos indispensable que se impulse capacitaciones a las y los funcionarios judiciales con el propósito de que interpreten de manera clara y correcta las disposiciones normativas atendiendo la perspectiva de las personas con discapacidad.
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A las personas que aspiran a dirigir los destinos de la Patria: les exigimos genuina voluntad política para elevar las condiciones y calidad de vida de las personas con discapacidad. La discapacidad debe ser un tema de Estado y no relegado a la agenda de las Primeras Damas o a las acciones de las entidades de beneficencia. Con ese enfoque se corre el peligro de que el tema se restrinja y quede enmarcado dentro de un ámbito puramente asistencial y que al mismo tiempo se fortalezca con ello los prejuicios que menosprecian los verdaderos valores de las personas.
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A los medios de comunicación colectiva: les solicitamos que divulguen una imagen positiva y digna de la población con discapacidad, que coadyuve a eliminar los estereotipos que nos consideran como receptores de lástima y caridad, los cuales impiden nuestra potenciación social, económica, política y cultural.
Han transcurrido cinco años desde la puesta en vigencia de la Ley Nž 7600 y su nivel de cumplimiento no llena las expectativas de la población con discapacidad de nuestro país. Queremos una patria accesible y que brinde igualdad de oportunidades para todas las personas sin distingo de ninguna naturaleza. Esta es nuestra lucha irrenunciable.
"SIN PATRIA ACCESIBLE, LA DEMOCRACIA ES IMPOSIBLE"
San José, Costa Rica. Viernes, 1o de junio del 2001
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