Costa Rica: Más sombras que luces en materia de discapacidad
De Luis Fernando Astorga Gatjens, IID (lferag@racsa.co.cr)

El pasado 8 de mayo, en una sencilla ceremonia, el anterior Presidente de la República, Miguel Rodríguez Echeverría, le entregó el poder al Presidente elegido el 7 abril en segunda ronda, Abel Pacheco de la Espriella. Ambos, gobernante actual y ex gobernante, forman parte del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Este es un momento oportuno para hacer balances y fijar perspectivas en varios temas del quehacer del país. Empero interesa aquí, valorar el estado actual del tema discapacidad, después de cuatro años de Gobierno del ex Presidente Rodríguez y otear el horizonte en relación con lo que podría realizar el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Pacheco.

Instrumento a cumplir
El gobierno que inició labores hace cuatro años (8 de mayo de 1998), tenía como grave responsabilidad poner en marcha la aplicación de la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, promulgada en 1996 y cuyo reglamento había entrado en vigor en marzo de 1998.

Desde el punto de vista doctrinario y jurídico, no podía haber pérdida: la ley 7600 y su reglamento, establecían una serie de claros mandatos y obligaciones que las instituciones del Estado, debían acatar en función del cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades y del desarrollo efectivo del proceso de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.

El artículo 1¡ de esta ley dispone que "Se declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes".

Entre los objetivos que se plantea la ley, se destacan la eliminación de "cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad" y el establecimiento "de las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad adoptar medidas necesarias para la equiparación de oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad".

Asimismo en el reglamento de la ley, se indica que "Las instituciones públicas incluirán en sus planes anuales operativos o planes anuales de trabajo, en los períodos correspondientes a su formulación, las acciones y proyectos que garanticen el acceso a sus servicios y la igualdad de oportunidades en todas las regiones y comunidades del país" (artículo 2¡). También se plantea la obligación incluir el contenido presupuestario requerido para cumplir con lo planificado (artículo 3¡).

Luces y sombras
¿Qué sucedió a lo largo de estos cuatro años de gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, con respecto a lo que debía de cumplirse, en arreglo a lo establecido por la ley 7600 y su reglamento?

Veamos.
El gobierno que presidía el Dr. Rodríguez Echeverría, en materia de discapacidad, cuando inició sus labores, encaraba un serio desafío: arrancar un proceso de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, amparado jurídica y políticamente en la ley 7600 y su reglamento. El gobierno que le precedió (José María Figueres, 1994-1998), contó con la ley 7600 (el qué) pero no tenía el cómo, ya que el reglamento a esa ley, fue aprobado en las postrimerías de su mandato.

Al terminar su gobierno, el ex Presidente Rodríguez, se puede afirmar que el balance con respecto al cumplimiento institucional de los contenidos fundamentales de la ley 7600 y su reglamento, es débil, poco profundo y deficitario. Consecuentemente, no hay un importante cambio en las condiciones y la calidad de vida de la población con discapacidad en Costa Rica.

Aunque ha habido algunos avances en materia de accesibilidad a algunos servicios, muy poca con respecto al entorno físico y arquitectónico y esfuerzos y pasos incipientes en relación con la discriminación, la inaccesibilidad sigue teniendo un amplio dominio y falta muchísimo por hacer para empezar a eliminar la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad. Es decir, dominan las sombras ante una luz, que todavía es tímida y débil.

El gobierno del ex Presidente Rodríguez Ðsalvo unas pocas y aisladas institucionesÑno asumió el tema discapacidad, ni el cumplimiento de la ley 7600, como políticas públicas importantes de su mandato. Acompañado a esta falta de priorización y compromiso consciente con el tema y las perentorias necesidades de la mayoría de la población con discapacidad, delegó parte de la temática entre los programas de la ex Primera Dama, Lorena Clare de Rodríguez.

Con ello el gobierno anterior cometió dos serios errores: por un lado, restringió muchísimo los alcances reales de su acción en materia de discapacidad, conformándose con los esfuerzos de la Oficina de la Primera Dama; lo que creaba el espejismo de que se estaba haciendo algo mientras había instituciones que no emprendieron acción alguna. Por otro lado, las acciones e iniciativas que emergieron de la mencionada oficina, aunque teóricamente tendrían un enfoque paradigmático avanzado, su práctica real se tiñó del enfoque asistencialista lastimero y tradicional.

Para ser justos es bueno aclarar que los esfuerzos de la Oficina de la Primera Dama, aunque haya adolecido de algunos errores de enfoque, fueron encomiables. En este balance la crítica, más bien, va dirigida al gobierno que delegó responsabilidades, que las diferentes instituciones debían de cumplir con rigor y eficiencia.

Con ello, el gobierno encabezado por el Dr. Rodríguez, no cumplió con elementos claves de la Ley 7600 y su reglamento. Realmente no hubo un compromiso consciente y claro con el principio de igualdad de oportunidades. Consecuentemente, en los últimos cuatro años, no hubo un avance significativo en el mejoramiento del estado de exclusión de las personas con discapacidad en el país.

Un ejemplo típico
Para poner un ejemplo ilustrativo de tal situación, es oportuno mencionar el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A esta entidad, le corresponde un papel muy importante, en lo referente a la accesibilidad en el entorno físico y en materia de transporte accesible.

En ambos campos, su acción es tan limitada como incipiente y deficitaria. En Costa Rica, aunque el transporte público colectivo, está en manos de empresarios privados, al MOPT le corresponde Ð a través del Consejo de Transporte Público--, otorgar o eliminar concesiones, en arreglo al incumplimiento de la ley por parte de los transportistas particulares. Pues bien, esta institución no se ha preocupado por hacer cumplir la ley 7600 en materia de transporte accesible.

Cuando de los 7 años fijados por esta ley para que toda la flotilla nacional de autobuses sea plenamente accesible para todos los usuarios y usuarias Ðincluidas quienes utilicen sillas de ruedas--, sólo le resta un año, no existe un solo autobús accesible en el país. Es bueno aclarar que los transportistas, a través de sus principales dirigentes, han manifestado que la ley 7600 es exagerada y que la accesibilidad tiene un alto costo. Por ello, no han dado ni siquiera pasos iniciales en accesibilidad. El poder que como grupo de presión tiene este sector, explica, en gran medida, la falta de cumplimiento del MOPT en materia de transporte accesible.

Esta situación motivó, el año pasado, al Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a presentar, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una demanda contra el Estado costarricense ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionada con la falta de accesibilidad en el transporte colectivo.

Teoría versus práctica
Al hacer el balance final del cuatrienio gubernamental que concluyó el pasado 8 de mayo, es pertinente establecer el abismo existente entre la teoría y la práctica gubernamental en materia de discapacidad.

Al realizar su propio balance los gobernantes salientes, mencionan --más allá de algunas acciones concretas aisladasÑel hecho de que durante su administración, el Estado costarricense contribuyó con el impulso y aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y fue el primer Estado en ratificarla.

Las dos cosas son ciertas empero lo que no es cierto es que tal postura manifieste un sólido, sostenido y práctico compromiso con la población con discapacidad. Una seria toma de conciencia de lo que se estaba impulsando y ratificando, debería de haberse materializado en un programa del que se derivaran avances concretos y tangibles en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Pero desafortunamente, esta situación no se dio.

Es válido aquí indicar que cuando señalamos la falta o el escaso cumplimiento de la ley 7600, no se está pensando en que tendrían que haberse dado, en los pasados cuatro años, avances espectaculares. El estancamiento económico que muestra el país, no da para tales expectativas. Lo que si indicamos es que se pudo hacer mucho, mucho más y a falta de una valoración objetiva de la situación que enfrenta la inmensa mayoría de las personas con discapacidad Ðmás de trescientas mil personas--, no se emprendieron acciones programáticas y esfuerzos con lo dispone la ley 7600.

Cabe también destacar que esta situación tiene entre sus causas, la todavía limitada incidencia del movimiento social de las personas con discapacidad. La debilidad que observó en este movimiento, el Relator de Naciones Unidas en el tema, Bengt Linquist, cuando visitó Costa Rica, en 1999, todavía prevalece aunque hay signos positivos de que la situación está cambiando. Uno de ellos es la emergencia del Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a finales del 2000 y algunas acciones que desarrolló el movimiento, durante el 2001.

¿Perspectivas?
A partir del 8 de mayo, tenemos un nuevo inquilino en la Casa Presidencial, el Dr. Abel Pacheco. ¿Qué avances se darán en su gobierno, en el campo de la discapacidad? Es muy prematuro para dar una respuesta clara a tal pregunta.

Por ahora las bases para colocar el tema en perspectiva, son agridulces. Agrias porque cuando el Dr. Pacheco era candidato presidencial, particularmente, en un debate sobre discapacidad organizado el 3 de diciembre del 2001, manifestó desconocimiento sobre el tema y un enfoque tradicional y asistencialista para atender los problemas y necesidades de la población con discapacidad.

Incluso su idea de impulsar la creación de ciudadelas donde pudieran vivir muchas personas con discapacidad y que permitieran al país, una solución más barata a las necesidades de accesibilidad, de transporte y de otros servicios, fue rechazada por dirigentes y activistas del movimiento de personas con discapacidad por considerar que prevalecía un superado espíritu de "gueto" en sus manifestaciones.

La parte que podría empezar a ser tan dulce como esperanzadora, relacionada con la futura acción gubernamental, fue el hecho de que el Presidente Pacheco, en su discurso de toma de posesión, mencionó el tema de las personas con discapacidad en dos ocasiones, al fijar la agenda de las prioridades de su administración.

Ojalá que finalmente el dulce le gane la partida al agrio en las ideas y acciones que emerjan de este nuevo gobierno, en materia de discapacidad. Sólo de esta manera, habrá más luces inclusivas que sombras discriminantes, cuando el Presidente Pacheco concluya su cuatrienio.