Disability World
Una revista electrónica, bi-mensual, sobre noticias y opiniones internacionales relacionadas al tema de la discapacidad Volumen No. 19 Junio-Agosto 2003


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Buscan con decreto abrir oportunidades a personas con discapacidad en Panamá

De Luis Fernando Astorga Gatjens (lferag@racsa.co.cr), con información de Edith Castillo Duarte (ecastillo@prensa.com)

En diciembre pasado, la Presidenta de la República de Panamá, Mireya Moscoso firmó el Decreto Ejecutivo No.88, que modifica la Ley No.42 con el cual se sientan bases más firmes para la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, particularmente en materia de acceso al empleo.

Esta ley contempla una serie de disposiciones orientadas a la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad en este país.

No obstante la existencia de tal normativa, la Ministra de la Familia de ese país ístmico, Alba Tejada de Rolla, en diferentes ocasiones ha reconocido que las personas con discapacidad son discriminadas en diversas esferas de la sociedad, incluido el campo del acceso al trabajo.

Este país ístmico conocido mundialmente por el famoso canal interoceánico que permite el tránsito de barcos del Pacífico al Atlántico y viceversa, cuenta con cerca de 4 millones de habitantes. De esa población, cerca de cuatrocientas mil serían personas con discapacidad, basándonos en las estimaciones de la Organización Mundial dela Salud-Organización Panamericana de la Salud (OMS-OPS).

Desafortunadamente, Panamá no cuenta hasta ahora con estudios específicos en los que se precise mejor la cantidad de habitantes con discapacidad y la caracterización de su situación general.

Obstáculos
En años anteriores en distintas edificaciones, tanto de oficinas públicas como privadas, entre las que se encuentran las que se dedican a la actividad comercial, era casi que inexistentes las facilidades para el desplazamiento de las personas con discapacidad, sobre todo, para los usuarios y usuarias de sillas de ruedas. Esta situación está cambiando, pero todavía falta mucho por hacer, reconocen las autoridades oficiales.

Las barreras que dominan son las actitudinales ya que la subestimación de que son objeto las personas con discapacidad, hace que se les mire como poco aptas para desempeñarse en un empleo.

En las entidades tanto del Estado como privadas se contrata muy poco personal con discapacidad. Así las cosas aún cuando no se haya realizado un estudio comparativo en acceso a la actividad productiva entre personas con discapacidad y sin discapacidad, es notoria la abismal diferencia.

La sociedad panameña todavía no tienen conciencia de lo que significa para las personas con discapacidad sentirse aceptadas y que se les permita un normal desenvolvimiento en todos los campos, incluido, desde luego, el empleo.

Se considera que los gobiernos anteriores han hecho muy poco en este campo y la empresa privada se muestra renuente a darle a las personas con discapacidad una oportunidad de empleo.

Normativa para avanzar
Para tratar de llenar el vacío que existe en lo que respecta a leyes que protejan a estos ciudadanos, se ha creado el Decreto Ejecutivo No. 88 que modifica la Ley No.42 sobre equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad en acceso al empleo.

El documento fue entregado el 3 de diciembre del 2002 por la Presidenta de la República, Mireya Moscoso, a la representante de personas con discapacidad, Fanny Wong, quien estuvo acompañada del Director Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, Fausto Pérez.

En su discurso Moscoso se mostró complacida por la nueva disposición y recordó que actualmente son miles las familias panameñas que albergan en su seno a personas con discapacidad, pero "que todos ellos son seres humanos que pese a sus limitaciones también nos brindan sus habilidades, porque son ejemplos vivos de perseverancia, lucha, espíritu de superación y, sobre todo, amor a la Patria".

La gobernante dijo estar consciente de la necesidad y la responsabilidad que se tiene de atender las urgentes necesidades de la población discapacitada, de crear las condiciones que les permita participar de esa sociedad a la que pertenecen, y ejercer el derecho que como seres humanos les corresponde, y el cual se les debe asegurar y respetar.

La Presidenta comentó, además, que las personas con discapacidad han recorrido un largo y difícil camino antes de que se les reconociera su valor, sus necesidades particulares y la importancia de crear medidas sociales de compensación que reduzcan las condiciones de desventaja de las que han sido objeto.

La jefa del Ejecutivo hizo énfasis en que el compromiso de su gobierno con la población que presenta discapacidad no es sólo de orden jurídico, velando por el cumplimiento de las normas que rigen la materia, sino que también se identifica con los contenidos e implicaciones de tales disposiciones.

Trabajo conjunto
Por su parte, el director nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Juventud, Fausto Pérez, indicó que "se llega a una fecha muy especial, porque se trata de un paso adelante en la construcción de una sociedad nueva, de abrir las puertas de la esperanza y abrir nuevos caminos porque con el Decreto Ejecutivo No.88 que reforma la Ley No.42 se legitima en los aspectos operativos el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, lo que significa que hay conciencia y voluntad de asumir compromisos".

La representante de las personas con discapacidad, Fanny Wong, expresó que para las personas con discapacidad el día de hoy constituye el logro de una meta largamente anhelada y arduamente trabajada; es un gran paso en el camino propuesto para lograr que ciudadanas y ciudadanos de este país puedan ejercer sus deberes y derechos en equiparación de oportunidades y brindar así su aporte al engrandecimiento de la Patria.

El documento que se entregó ayer es producto del trabajo de la comisión ad-hoc del Ministerio de la Familia, que fue creada con el fin de darle seguimiento a las disposiciones legales que permitan darle oportunidad laboral a las personas con discapacidad.

Este organismo conformado por aproximadamente 14 grupos debe darle seguimiento a todas las reglamentaciones y disposiciones legales que den lo mejor para un desarrollo sostenible a las personas con discapacidad, en especial en el aspecto del acceso al empleo.

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