Costa Rica: Promisorio proceso de negociaciones desarrollan personas con discapacidad y Gobierno

Manifestación presionó por respuesta a pliego de 10 puntos, Presentado por las organizaciones de personas con discapacidad

Luis Fernando Astorga Gatjens (lferag@racsa.co.cr)

Como fruto inmediato de una manifestación de más de mil personas, convocada por las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica, el Gobierno inició un proceso de negociaciones con representantes de estas organizaciones, orientado a satisfacer las sentidas demandas presentadas en un pliego de peticiones.

El jueves, 29 de mayo se celebró la marcha que desembocó frente a la Casa Presidencial, situada en Zapote. Ésta se organizó para celebrar el sétimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (ley 7600) y exigir al Gobierno una respuesta al pliego de 10 puntos.

La manifestación contó con la presencia del Defensor de los Habitantes, José Manuel Echando y de los diputados Rodrigo Alberto Carazo (Partido Acción Ciudadana /PAC) y Federico Vargas (Partido Unidad Socialcristiana /PUSC).

Gritando consignas que exigían el cumplimiento de la ley 7600 y que pedían justicia y respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, los y las manifestantes hicieron el recorrido de una emisora de radio a la parte frontal de la casa de Gobierno. "Sin Patria accesible, la democracia es imposible", fue una de las consignas que más resonó.

El pliego petitorio
A mediados de marzo, en una asamblea general de organizaciones de personas con discapacidad, el Foro por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, presentó la propuesta de presentar un pliego de 10 puntos al Gobierno. También presentó un borrador del documento.

El pliego contiene demandas que abarcan los temas siguientes: educación, formación técnica, trabajo protegido, microempresa, promoción de empleo y colocación, transporte colectivo, entorno accesible, vivienda, pobreza asociada con discapacidad y fortalecimiento del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), en su condición de ente rector.

Todas estas reivindicaciones se enmarcan en disposiciones contenidas en la ley   7600, en políticas establecidas por gobiernos anteriores o en peticiones que obedecen a necesidades actuales de este sector de la población.

El pliego de peticiones, que fue aprobado por unanimidad, le fue entregado a la Presidenta en ejercicio Lineth Saborío, el 11 abril pasado. En el mismo documento, se fijaba un plazo de un mes, en espera de respuestas gubernamentales, sin embargo el Gobierno no se pronunció.

Tal situación hizo que la manifestación del 29 de mayo, se orientara tanto a exigir el cumplimiento efectivo de la ley 7600 como a obtener una respuesta concreta a lo solicitado en el pliego.

(El documento completo aparece adjunto a este reportaje informativo).

Delegación negociadora
En el marco de esta movilización, la Vicepresidenta Saborío decidió recibir una delegación formada por cuatro representantes de las organizaciones de personas con discapacidad. Se seleccionó a un grupo de personas que han estado muy activas en el proceso y con capacidad y experiencia para desarrollar una compleja y multifacética negociación.

Catalina Devandas Aguilar y Luis Fernando Astorga Gatjens, Vicepresidenta y Presidente del mencionado Foro, Francisco Villalta Montes, Presidente de la Asociación de Talleres Protegidos y Jesús Hernández Hernández, miembro del comité de información de las organizaciones de personas con discapacidad,   conformaron el equipo negociador que se reunió ese jueves, 29 durante casi tres horas con la Vicepresidenta Saborío y otros personeros gubernamentales.

Durante ese primer encuentro negociador participaron como facilitadotes del proceso los citados diputados y la directora ejecutiva del CNREE, Bárbara Holst..

Negociación por buen camino
Durante ese primer encuentro con la Vicepresidenta Saborío se avanzó mucho, gracias a la actitud abierta y constructiva de quien es también la coordinadora del Consejo Social. Ella estuvo muy atenta ante los argumentos que se le dieron, muchos de los cuales se relacionaban con la difícil situación de discriminación y desventajas que enfrentan las personas con discapacidad en el país así como el reiterado incumplimiento por parte de las instituciones públicas de las disposiciones de la ley 7600.

También se indicó que al alcanzarse el sétimo aniversario de su entrada en vigencia y haberse vencidos plazos de cumplimiento, las organizaciones o personas con discapacidad podrían recurrir a otras instancias del Estado (Sala Constitucional o la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos/ ARESEP), por ejemplo en el tema del transporte colectivo, en función de obligar a las instituciones a cumplir lo establecido por la ley 7600, generándose una situación difícil para el Gobierno.

Se le indicó que el espíritu de las organizaciones y de quienes las representábamos en estas negociaciones, era constructivo y de búsqueda concreta de soluciones que impactaran en el mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas con discapacidad en el corto y mediano plazo. Y que eso se reflejaba en el pliego de 10 puntos presentado al Gobierno.

En esa primera reunión, se examinó con la Sra. Vicepresidenta Saborío, punto por punto del pliego y ante cada uno hubo una respuesta general favorable y el compromiso firme de la Sra. Vicepresidenta de traducir en acciones concretas cada una de las peticiones.

Una vez que se concluyó ese pase de revista de los 10 puntos, la vicepresidenta Saborío indicó que el paso que seguiría sería la realización de una segunda reunión de trabajo con las y los jerarcas involucrados en el pliego: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Trabjo y Seguridad Social (MTSS) y Ministerio de Educación Pública (MEP).

Cabe resaltar que durante esta primera reunión, el diputado Vargas mantuvo una posición muy crítica frente al cumplimiento de la ley 7600 ("por eso yo marché con las organizaciones", dijo en alguna de sus intervenciones) y se comprometió a coadyuvar en la búsqueda concreta de soluciones, particularmente en los asuntos que involucrara la necesidad de reformas o proyectos legislativos.

Segunda ronda
El martes, 3 de junio de 2 a 5 y 30 de la tarde, se dio la segunda ronda negociadora del pliego petitorio en la que participó la Vicepresidenta de la República y jerarcas de las instituciones involucradas en el pliego.

De esta manera, se tuvo también como interlocutores (as) oficiales a Wilfredo Blanco, Viceministro del MEP (área académica), a Carlos Monge, Viceministro del MTSS (sector social), a Karla González, Viceministra del MOPT y Róger Carvajal, Presidente Ejecutivo del INA. También por la contraparte gubernamental, estuvieron presentes: Raúl González, secretario técnico del Consejo Social, Luis Madrigal, asesor legal de la Vicepresidenta y su encargada de prensa, Ivonne Jiménez.

Con respecto al equipo negociador, acudimos a la cita, Catalina Devandas, Francisco Villalta, Jesús Hernández y Luis Fernando Astorga. También estuvo presente en la reunión, Bárbara Holst. No estuvieron presentes los diputados Vargas y Carazo.

El encuentro fue introducido por la lectura de una carta suscrita por las cuatro personas que integran el equipo negociador, en la cual se valora la actitud abierta y constructiva de la Sra. Vicepresidenta, y sus compromisos con respecto a los puntos concretos del   pliego.

Sobre la base de lo expuesto y alcanzado en la primera sesión, se trabajó cada tema concreto con los jerarcas respectivos: educación, transporte, trabajo y formación técnica.

Se delineó con cada uno de ellos y ella (la Viceministro González), las acciones que deberían desprenderse de cada Ministerio en función de lograr el cumplimiento de la ley y satisfacer reivindicaciones muy sentidas por la población con discapacidad, especialmente la más pobre, que constituye la gran mayoría.

Metodología de las negociaciones
En el desarrollo de esta segunda reunión se definió, con mayor precisión, la metodología de trabajo de este importante proceso negociador.

Quedó establecido lo siguiente: Habrá cuatro momentos en el proceso:

a. Reunión general con la Vicepresidenta

El primer encuentro con la Vicepresidenta Saborío, 29 de mayo. En esta reunión:

1. Se hizo un diagnóstico general sobre la situación de discriminación y exclusión que enfrentan las personas con discapacidad y el incumplimiento de la ley 7600.
2. Se vio punto por punto el pliego de peticiones y se delinearon las soluciones (acciones y medidas) concretas para atender las demandas planteadas.
3. La Vicepresidenta adquirió un firme compromiso de atender todas esas demandas, trabajando con cada uno de los jerarcas institucionales involucrados en los puntos del pliego.
4. La Vicepresidencia comprendió perfectamente que el tema no debería de meterse en la agenda de ayuda sino en el de potenciación social y económica de un sector que clama justicia, que era un tema de derechos humanos y de inclusión social.
5. Se fijó una segunda ronda para el martes, 3 de mayo, en la cual se verían aspectos más específicos con jerarcas.

b. Reunión general-específica con Vicepresidenta y jerarcas institucionales

Se trata del segundo encuentro, en el que participaron los representantes del MEP, MOPT, MTSS e INA, arriba mencionados.

En esta reunión, se avanzó en lo siguiente:

1. Se vio cada uno de los representantes, las demandas planteadas en educación, trabajo, transporte colectivo y formación técnica.
2. Se fijaron medidas concretas (sin agotarse completamente) para atender las reivindicaciones fijadas en el pliego.
3. El papel de la Vicepresidenta fue de orientadora y garante de lo que debían realizar en cada institución.
4. Se asumió el compromiso, por cada uno de los representantes institucionales, de realizar reuniones con el equipo negociador de las organizaciones, para fijar los compromisos institucionales en políticas, programas, proyectos y acciones.
5. Quedó pendiente la reunión con la Presidenta Ejecutiva del IMAS, la cual deberá realizarse en el marco del tercer momento, con la participación de todo el equipo negociador.

c. Reuniones de trabajo con jerarcas institucionales

Estas reuniones deben de realizarse en las próximas dos semanas. En ellas, se debe de trabajar en lo siguiente:

1. A partir de lo fijado por el pliego en cada caso particular y de los compromisos asumidos por la Sra. Vicepresidenta, fijar los compromisos concretos que cada institución asume para atender la demanda planteada a través de acciones concretas, que fijen objetivos y metas, recursos económicos, humanos, tiempo de realización.
2. Este trabajo debe desembocar en un documento de acuerdo que tiene que ser necesariamente muy concreto y corto (una o dos cuartillas a lo sumo) y completamente claro.
3. Este trabajo deberá de incluir, por lo menos una reunión, con el jerarca que estuvo presente, en la reunión del 3 de junio, auque también se podría trabajar con otros representantes de las institucionales, siempre y cuando, garanticen trabajo práctico de "carpintería", que ayude a la marcha del proceso.

d. Consolidación de acuerdos con la Sra. Vicepresidenta de la República

Esta será la reunión climática del proceso negociador. En ella, se hará lo siguiente:

1. Se presentarían cada uno de los documentos acordados con las diferentes instituciones. Ya no habría necesidad de mayor discusión; cuando más aclaraciones puntuales.
2. Las organizaciones elaboraríamos y presentaríamos un documento general que amarre a todos esos acuerdo y en el que la Vicepresidenta se comprometa con representante del Gobierno con las personas con discapacidad y se conviertan en garante efectiva de los acuerdos suscritos.
3. Otros temas que quedarían pendientes o en proceso (unos de carácter legislativo y otros que requieran mayor tiempo; por ejemplo: fortalecimiento político y económico del CNREE como ente rector-MIDEPLAN), requerirán que quede definida la mecánica por medio de la cual se concretará el compromiso y el plazo de ejecución.
4. Cuando se suscriba este acuerdo, será el momento en que se deberá dar a conocer, con mayor fuerza, lo alcanzado en este importante proceso de negociación tanto por los medios de comunicación (se podría plantearle a la Vicepresidenta una ceremonia formal, que le serviría a ella y también a nosotros) y a las organizaciones, tanto a través de un informe como de la realización de una asamblea general, convocada, especialmente, para tal efecto.

Conclusiones
Hasta ahora hemos venido avanzando muy positivamente en el proceso de negociación, empero debemos estar consciente que estamos a menos de la mitad del camino. Todavía estamos a cierta distancia de acuerdos concretos de cuya materialización efectivamente depende si la negociación sea tan exitosa como deseamos.

Lo alcanzado hasta ahora representa ya de por si un éxito relevante pero no hemos alcanzado la meta a la cual debemos aspirar: resultados concretos y tangibles, aplicables a corto y mediano plazo y que impacten en el mejoramiento de las condiciones de vida de personas con discapacidad y sus familias, especialmente las más pobres y afectadas por la exclusión y discriminación social.

Lo alcanzado hasta el presente y lo que podríamos alcanzar va a depender del equipo negociador que hemos constituido. Hemos avanzado por que planteamos un pliego claro, con puntos unos más concretos que otros, pero que resulta una buena base de partida. Hemos avanzado también porque el equipo se ha mantenido unido, complementándose en sus argumentaciones y criterios y mostrándose serio y firme.

Señor Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella:

Las personas representantes de Organizaciones de Personas con Discapacidad,

-reunidas en Asamblea General el sábado, 15 de marzo del año en curso,

- preocupadas por el reiterado incumplimiento por parte de muchas de las instituciones públicas y entidades privadas de servicio público de lo establecido por la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad,

-convencidas de que las inmensa mayoría de las casi 400 mil personas con discapacidad que habitamos Costa Rica no podremos alcanzar el desarrollo deseado mientras no se avance sostenidamente en la creación de servicios accesibles y en la eliminación de todas las formas de discriminación y exclusión social que todavía prevalecen en nuestra sociedad,

e inspirados por la causa de los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población con discapacidad, le presentamos a Usted el siguiente pliego de peticiones con reivindicaciones tan urgentes como necesarias para el desarrollo social de este sector poblacional y sus familias:

1. Que el Ministerio de Educación Pública (MEP) garantice el acceso a la educación tanto en centros públicos como privados de todas las personas con discapacidad que demanden este servicio, erradicando cualquier forma de discriminación en la matrícula en razón a la discapacidad.
2. Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a partir del presente año 2003, abra cursos especiales de formación técnica para el trabajo para personas con discapacidad dentro de un plan de formación dual que involucre a empresas privadas interesadas en su contratación laboral.
3. Que el Poder Ejecutivo impulse un proyecto legislativo que proteja y regule el trabajo protegido y le brinde apoyo técnico y económico a las organizaciones que desarrollan esta modalidad socio-productiva que beneficia a centenares de personas con discapacidad.
4. Que el Poder Ejecutivo se comprometa a la creación de un Fondo Nacional de Crédito para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y Microempresa conformada por personas con discapacidad o sus familias de 500 millones de colones, que funcione en algún banco del sistema bancario nacional, con créditos blandos, accesibles en sus requisitos para las personas con discapacidad y que garantice la formación técnica y administrativa de las personas beneficiarias mediante un convenio con el INA.
5. Que al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se le dote de los recursos presupuestarios necesarios para el desarrollo de una política de promoción de empleo para las personas con discapacidad tanto para el sector público como privado con metas de incorporación al trabajo anuales y bien definidas.
6. Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) garantice que para el presente año 2002, todas las empresas de transporte público cuenten con al menos dos unidades accesibles para todas las personas con discapacidad, incluidas las usuarias de sillas de ruedas.
7. Que el MOPT exija a los concesionarios y permisionarios del transporte público facilidades de acceso en las terminales y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), la construcción de plataformas en las paradas, que garanticen el acceso libre y seguro de las personas con discapacidad a los autobuses de ruta.
8. Que las instituciones encargadas garanticen a las personas con discapacidad y sus familias, que cumplan los requisitos fijados por la ley, el bono y medio y las facilidades para la adquisición de una vivienda digna y accesible.
9. Que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) establezca parámetros más apropiados y justos a la hora de categorizar pobreza asociada con discapacidad.
10. Que el Poder Ejecutivo garantice el cumplimiento efectivo del papel rector en discapacidad que ostenta por ley el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), fortaleciendo su presupuesto anual en un 25 % y nombrando a representantes institucionales en la Junta Directiva de la entidad con poder resolutivo; asimismo que el Poder Ejecutivo se comprometa a enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la ley 7600, en lo referente al porcentaje de representación de organizaciones de personas con discapacidad ante la Junta Directiva del CNREE en se incremente al 50%.

Esta Asamblea General de Organizaciones de Personas con Discapacidad comisiona a una delegación constituida por las siguientes personas:

Francisco Villalta, Catalina Devandas, Maritza Parini, Jesús Hernández y María Infante

para que le hagan entrega formal de este pliego de peticiones, que deseamos sea respondido satisfactoriamente por su Gobierno, en todos sus extremos, dentro de un plazo razonable de un mes.

Sr. Presidente, el movimiento social de personas con discapacidad y sus familias espera que sus razonables peticiones sean recogidas positivamente para que la actividad que planeamos realizar el de jueves, 29 de mayo próximo, al cumplirse el sétimo aniversario de la entrada en vigor de la ley 7600, sea motivo de celebración democrática en una Patria que todavía no es accesible.

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