Radiografía de la crisis: Ser persona con discapacidad en Argentina
Por María Verónica Reina, IDD (mave1@arnet.com.ar)

En diciembre de 2001 Ana María Martínez, 36 años, y su hija Violeta, de 8 , las dos discapacitadas, fueron rodeadas por la policía en el ex Banco Provincial de Entre Ríos, en Concordia, Argentina. La mujer había querido de cobrar un cheque de su obra social estatal. Ese cheque era en concepto de subsidio para drogas anticonvulsivas que Violeta debe tomar debido a su severa parálisis cerebral.

Por ese entonces, el ministro de Economía Domingo Cavallo había ordenado una restricción económica llamada luego "el corralito financiero", que no permitía al la gente sacar su dinero de sus propias cuentas bancarias y complicaba el proceso de efectivizar cheques oficiales. El corralito llevó a una crisis que terminó con las renuncias de Cavallo y del presidente De la Rua.

Cuando Ana María trató de hacer efectivo el cheque, un empleado bancario le explicó que necesitaba una autorización extra de la obra social. Cansada de la burocracia y urgida por la necesidad de su hija, Ana María insistió en hablar con el gerente.

Después de una hora, vino el gerente, se negó a pagar el cheque y, viendo que Ana María no se movería, llamó a los guardias. Entonces, Ana María tomó la Constitución Argentina, que siempre lleva en su cartera, y empezó a leer el artículo 14 bis en voz alta, ya que tiene sordera.

Entonces una mujer policía reaccionó, intentando empujar a Violeta en su silla de ruedas fuera del banco. Al ver esto, muchos clientes respondieron furiosos, reclamando justicia para Violeta y también en contra del corralito. Y el desorden fue tan incontrolable que el gerente, finalmente, pagó el cheque.

Personas sin cobertura
Pero no todo el mundo es tan "afortunado" como Violeta en Argentina. Violeta tiene una mala cobertura, pero al menos tiene una. Su madre trabaja en una agencia estatal de la provincia y está afiliada a una obra social.

Las personas con discapacidad que actualmente trabajan o han trabajado en el pasado, o con familiares que trabajan o son jubilados, deberían obtener los beneficios del sistema de salud. No obstante, no es un trámite fácil. Generalmente, las obras sociales o la medicina prepaga no reconocen todas las necesidades de las personas con discapacidad y no ofrecen muchos servicios para ellos.

Después de la aprobación de las leyes 23660 y 23661, algunas personas con discapacidad, llevaron sus casos a la justicia y como resultado las agencias correspondientes tuvieron que darles prestaciones tales como rehabilitación, aparatos ortopédicos, cuidado dental especial, etc. Pero pocas de estas personas tienen trabajo en la Argentina.

Además, hay otros argentinos con discapacidad que están aún más desprotegidos, son aquéllos que nunca pudieron trabajar o que sus familiares están desocupados. En a década anterior podían recibir beneficios de PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, pero el año pasado este beneficio fue cancelado para nuevas afiliaciones.

En cualquier caso, una persona con discapacidad, primero debía conseguir la pensión nacional para la discapacidad (pensión especial para personas discapacitadas desempleadas y/ o con familiares desocupados) teniendo que realizar un proceso que podía llevar años antes de que efectivamente pudiese recibir los beneficios de PAMI.

En estos días, el PAMI está quebrado y no acepta nuevos afiliados que sean discapacitados desocupados. Estas personas deben asistirse ahora en hospitales públicos que también están quebrados por causa de la política de modernización que encogió el Estado. En Argentina, los servicios públicos, incluyendo salud y educación, han sido drásticamente reducidos y el número de individuos viviendo debajo de la línea de pobreza se ha incrementado durante los últimos diez años.

Manifestaciones de la crisis
En verdad, cada parte del sistema de salud está en decadencia. Día a día más personas pierden su trabajo y, por consiguiente, hay más personas sin cobertura de salud: solamente en el pasado enero se perdieron 300.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, los salarios cayeron dramáticamente, resultando en contribuciones menores para las obras sociales, la mayoría relacionadas a los sindicatos. Las obras sociales no están pagando a los sanatorios privados y otros prestadores.

Actualmente, varias cámaras de prestadores y farmacias han decidido no dar más créditos a las obras sociales y a PAMI porque los mismos no han saldado sus deudas. Sin trabajo, no hay salud para las personas con discapacidad en Argentina. Pero tener un trabajo no es garantía de salud. Ni de transporte, educación o edificios accesibles.

Otro beneficio, un impuesto especial que fue creado para esos servicios, hoy no es respetado. Se recauda dicho impuesto, pero se usa para pagar los intereses de la deuda pública externa.

¿Apocalipsis o renacimiento?
En Argentina, las personas con discapacidad están atravesando una especie de apocalipsis. Quizás no. La crisis es profunda, pero los discapacitados participan un poco más cada día. Van a Asambleas Populares y encabezan diversas organizaciones no gubernamentales. Escriben cartas, mandan "e-mails" y reclaman al gobierno.

Asimismo hacen piquetes (cortes de ruta efectuados por desocupados y personas empobrecidas por la crisis, pueden durar desde horas a varios días), como Ana María, y se unen a otros sectores: gente de clase media, clientes afectados por el corralito, y pequeños empresarios que cada viernes se manifiestan con sus cacerolas en Plaza de Mayo.