Un estado indú establece cuotas laborales para personas con discapacidad
Por Kay Schriner (kays@uark.edu)

El estado indú de Karnataka, destinará 3% de sus puestos de nivel superior del gobierno para que sean ocupados por personas con discapacidad física. Rahanthan fue otro estado que adoptó una medida similar.

Previamente, estos puestos selectivos no podían ser ocupados por trabajadores con discapacidad porque se creía que no eran capaces de desempeñarse en ellos. Lo que se venía haciendo era ubicar a un reducido número de trabajadores con discapacidad en puestos de segundo nivel -puestos menores de oficina-. 5% de esos puestos eran reservados para personas con discapacidad.

Por otro lado, los puestos de nivel elevado a los que ahora pueden optar las personas con discapacidad son, por ejemplo, las Universidades, los departamentos de impuestos y judiciales en agencias de gobierno. Hasta la fecha (2003) se han identificado 47 de estos puestos que se deben reservar a personas con discapacidad.

La Ley para las Personas con Discapacidad de 1996 requiere que cada estado de India separe un porcentaje de puestos reservados a las personas con discapacidad física en todos los niveles del gobierno. Según sus autoridades, hay 350.000 personas con discapacidad física en Karnataka. Esta cifra incluye a personas con deficiencias visuales y discapacidad múltiple.

En otro estado, la Corte de Superior de Patma ha criticado a las autoridades de gobierno por no cumplir la Ley para las Personas con Discapacidad (Igualdad de Oportunidades, Protección de Derechos y Participación Plena) de 1995.

Aunque el Representante del Estado, Rajeshwar Prasad, le había dicho al Tribunal que el gobierno había aprobado una cuota de contratación de 3% de personas con discapacidad por cada 100 puestos laborales, los jueces indicaron que los compromiso adquiridos por el gobierno son "letra muerta".

Seis personas con discapacidad han llevado al gobierno a los tribunales argumentando discriminación por razones de discapacidad.

Además, el Tribunal Superior de Delhi ha emitido una disposición de urgencia por medio de la cual se le ordena al gobierno establecer un servicio de autoridades médicas que determinen la elegibilidad de los solicitantes, según la Ley para las Personas con Discapacidad.

Juristas sociales y grupos de abogados en derechos civiles están presentando el caso y estiman que cerca de 200.000 personas con discapacidad tienen problemas al tratar de obtener los certificados médicos que pide la ley cada vez que una de estas personas solicita empleo, ser admitido a la escuela o para recibir los Fondos de la Seguridad Social por Discapacidad.

Esta información fue tomada de The Times of India.