Estados Unidos: Derechos civiles perdidos en la acción

Por Marta Russell (reimpreso de ZNet Magazine)

En las postrimerías del décimo tercer aniversario   de que se firmara la Ley de Estadounidenses con Discapacidad (Americans with Disabilities Act), el 26 de julio de 1990, Anthony Trocchia, Presidente de la organización de Personas con Discapacidad en Acción de Nueva York   (Disabled in Action in New York), se dio cuenta que era necesario una ocupación de autobuses durante una hora bajo un gran calor. Este había sido el sétimo autobús que había pasado sin detenerse a llevar a Trocchia, ese día.

La ley de ADA requiere que los sistemas de transporte público deben ser accesibles y estar en funcionamiento, pero como muchas municipalidades en todo el país, la de la ciudad de Nueva York no mantiene en buen estado los elevadores para las sillas de ruedas. ¿Cuál es el mensaje que están dando? ¿Qué tiene de malo si Trocchia no llega a su trabajo o a su punto de destino?

Durante más de un década, se han perdido en acción muchos esfuerzos a favor de los derechos civiles en materia de discapacidad.

Jeffrey Sutton, designado recientemente por Bush para ser Juez de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, ha dicho que los derechos de las personas con discapacidad, no son necesarios. Con éxito, el Juez Sutton argumentó en un caso presentado en la Suprema Corte de Estados Unidos (Alabama versus Garrett) que las y los empleados de los gobiernos estatales no podían presentar juicios por discriminación usando la Ley de Estadounidense con Discapacidad. Consecuentemente, una mujer que había sido empleada durante 17 años en el gobierno estatal., no tenía derecho a recibir compensación luego de que el Estado la removió de su puesto después de que a ella le diagnosticaron cáncer de seno.

Sutton dijo que su argumento presentado en el caso de Garrett: “sirve para confrontar a todo el contenido de la Ley de Estadounidense con Discapacidad.” Esto no impidió que el Congreso de Estados Unidos detuviera la designación del juez Sutton. Si se confirman las personas que Bush ha designado para las Cortes de Apelaciones, que son nombramientos de por vida, habrá mucha consecuencias para la causas de los derechos civiles.

El 14 de julio del 2003, el Wall Street Journal había que: “Para ahorrar los costos de la atención de la salud, las empresas despide a sus trabajadores con discapacidad.” En ese mismo período, la empresa aseguradora Pacific Care Health Systems, aumentó sus ganancias en US $ 73 millones, la cual utiliza ese tipo de prácticas.

Explicación: Dentro de esta “falla del mercado”, las pólizas de los seguros han aumentado en 13% y las corporaciones buscan aumentar sus niveles de ganancia. Entonces, el ahorro se hace reduciendo las principales fuentes de riesgo, las y los trabajadores con problemas relacionados con la salud. Se sabe que las y los trabajadores con discapacidad son los primeros en ser despedidos y los últimos en ser contratados. El Wall Street Journal comenta las perturbaciones estructurales en el trabajo, pero no admite que el problema tiene un nombre: El sistema.

En julio del 2003, la Polaroid Corporation, le envió una carta a 180 trabajadores con discapacidad notificándoles que habían sido despedidos y que sus pólizas de salud, vida y atención dental habían sido terminadas.   Otras compañías como Polaroid, que pertenece al Banco de América, también están despidiendo a empleados que están en situaciones como, recibir quimoterapia o en situaciones “donde la vida peligra”. Los activistas en discapacidad saben que, los empleadores respaldarían las decisiones de un Juez como Sutton, quien piensa que los derechos civiles para la discapacidad no son necesarios.

Con estas situaciones, los empleados de Estados Unidos, ya no pueden depender de la protección del Seguro por Discapacidad de la Seguridad Social ( Social Security Disability Insurance, SSDI), donde además de una falla de mercado, hay un incumplimiento por parte del gobierno al no respaldar la seguridad social de todos los ciudadanos.

Por ejemplo: La Administración de la Seguridad Social calcula que un trabajador de 30 años de edad que gana US $ 30.000, y que ahora en el año 2003 no puede trabajar, tiene derecho a una compensación de $1.054 por mes ó $12.648 por año. Un trabajador de 40 años de edad, que gana $ 40.000 por año tiene derecho a un beneficio de $1.218 ó $14.616 por año. Un trabajador de 40 años de edad que gana $50.000 por año tiene derecho a un beneficio de $1.435 por mes ó $17.220 por año. Además hay que esperar dos años antes de recibir el dinero del seguro de atención médica (Medicare).

Esa es la parte donde se está forzando la salida del   mercado laboral. ¿Pero, qué está sucediendo con las personas con discapacidad (ciegos, sordos, con movilidad restringida)? ¿Qué sucede con las personas que no están enfermas pero tienen una limitación funcional y buscan trabajo, muchas de ellas su primer trabajo?

Los índices de empleo de personas con discapacidad (sordas, ciegos, con deficiencias de movilidad o mental) sólo han experimentado un pequeño o ningún progreso durante la década pasada.

Hay empleadores que no contratan a personas con discapacidad completamente calificadas o que se han graduado ¡con las mejores calificaciones de la clase! Las corporaciones y otras empresas le roban a estas personas su posibilidad y habilidades de ganarse la vida y les limitan o impiden lo que deben hacer, para comprar las cosas y pagar por los servicios para sobrevivir. ¡Imagínese si a usted se le negara el derecho a trabajar sólo porque usted es ciego, sordo o usa una silla de ruedas!

Es una bendición cuestionable eso de tener un empleo en la economía explotadora de nuestros días, pero para las personas con discapacidad es algo casi imposible y con todas las trabas y dificultades, no hay beneficios. También se da la situación donde no se estimula a las y los futuros trabajadores, para que no ingresen a la fuerza laboral.

Las y los trabajadores con discapacidad que logran obtener un empleo, se enfrentan al abuso y a la discriminación en sus puestos laborales. Jeffrey Nix, un trabajador de la empresa Home Depot de Atlanta, pudo conseguir un trabajo en una empresa que tiene una política escrita de no contratar a trabajadores sordos.

Una investigación de la Oficina de Igualdad de Oportunidades reveló que, aunque fue contratado como trabajador, la empresa no demostró haber tratado ni efectivamente puso en práctica las adaptaciones indicadas en la Ley de Estadounidenses con Discapacidad. La empresa Home Depot, no le ofreció a Jeffrey Nix las mismas oportunidades y accesibilidad que sí tienen sus demás trabajadores.

La abogada Tamara Rorie dijo que Homo Depot no sólo incumplió su deber de ofrecer las adaptaciones razonables que indica la ley (intérprete de señas, subtítulos en los videos de capacitación), sino que le impusieron prácticas discriminatorias al Sr. Nix en su empleo: Le redujeron drásticamente sus horas de trabajo, eliminando, durante meses,   su nombre de la lista de trabajadores de medio tiempo.

El Sr. Jeffrey Nix entabló un juicio tras muchos intentos de mediación y conciliación por parte de la Oficina de Igualdad en el Empleo, para corregir esta situación. El objeto del juicio es lograr que la empresa Home Depot cambie sus políticas y ofrezca las adaptaciones para sus trabajadoras y trabajadores con discapacidad.

Esperamos que el Sr. Nix no deba comparecer ante un juez con ideas federalistas como las de Jeffrey Sutton, quien piensa que la Ley de Estadounidenses con Discapacidad viola la inmunidad de los Estados individuales.

Un estudio realizado por la Asociación Estadounidense de Abogados descubrió que en los casos de demandas según la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, los empleadores ganaron el 94% de todos los casos resueltos, 237, ante las cortes federales durante 2002.

La situación jurídica de los derechos humanos relacionados con discapacidad se ha hecho tan difícil, que algunas organizaciones de personas con   discapacidad tratan que los casos no lleguen a la Suprema Corte: “Es que las cortes conservadoras están lesionando nuestros derechos civiles.” Consulte mis comentarios la RevistaZNet, (Traducción del   título: Corte Suprema está limitando la definición de discapacidad, para evitar que las empleadas y los empleados con   discapacidad, puedan recibir compensación según la ley) “ SC narrowing the definition of "disability," disallowing disabled state employees from recovering damages and other squelching of the law.”

En marzo, las y los activistas en discapacidad detuvieron un caso relacionado con los alcances de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad. Se trata del caso del Dr. Michael Asno, a quien el estado de California se negó a emitirle su licencia debido a que él presenta un diagnóstico de depresión clínica. El argumento del Dr. Asno es que la Junta de Evaluación para la Licencia, según la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, debía ofrecerle adaptaciones razonables a su tipo de discapacidad, como una licencia temporal.

Un caso así tiene ramificaciones que van más allá de la situación difícil que está pasando el Dr. Asno. El llevar y perder un caso como éste en la Suprema Corte, pondría en peligro el derecho que tienen, según la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, de demandar al gobierno de un Estado si no cumple con las adaptaciones razonables, como sucede con las faltas de proveer un transporte público accesible, una situación experimentada por personas con discapacidad como le ha sucedido al Sr. Trocchia en la Ciudad de Nueva York.

En una capitulación inusual y sin precedentes para los activistas en discapacidad, el Procurador General de California, Bill Lockyer, le envió una carta a la Junta Médica de California (Medical Board of California), en la que se indicaba: “...sería muy desafortunado” que llevar este caso a las Suprema Corte, pueda significar que luego queden limitados los derechos de todas las personas con discapacidad.

El peligro está en que si se lleva el caso del Dr. Hanson a la Suprema Corte y se pierde, entonces ese veredicto se puede usar para que las agencias gubernamentales, incluso escuelas,   no puedan ser demandadas cuando incumplen o cuando violan las disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad.

Las y los activistas en discapacidad de Tennessee han tenido éxito deteniendo el proceso de casos para que no lleguen a ser resueltos por una Suprema Corte tan conservadora. El próximo otoño, la Suprema Corte tendrá una la oportunidad de escuchar los argumentos relacionados con otro caso en el que se debe definir, si una persona con discapacidad puede o no llevar a los tribunales al gobierno de su Estado y exigir compensación por daños.

Lea esto correctamente.

Sabemos que establecer una demanda legal es siempre una empresa arriesgada, aunque sea por una causa justa. Pero es el único método aprobado dentro de un sistema de derecho. La Ley de Estadounidenses con Discapacidad está dentro de la jurisdicción de las cortes civiles, todas sus violaciones se deben resolver con una acción legal; por ejemplo la demanda.

El estado de Tennessee está enfrentándose a la demanda interpuesta por George Lane, un hombre de este Estado que perdió una pierna en un accidente de tránsito. A mediados de la década de 1990, cuando George Lane fue a la corte encontró que el edificio no era accesible, que no podía ingresar con su silla de ruedas. Entonces, George Lane se bajó de su silla de ruedas y sobre el piso se deslizó hasta subir a un segundo piso, para presentarse ante el tribunal como indica la ley. Tuvo que hacer todo esto porque el edificio no tenía elevador y los funcionarios administrativos se negaron a que la audiencia se celebrara en el primer piso.

Se programó una segunda audiencia y se le pidió a George Lane que se presentara ante el tribunal. Esta vez, George Lane se negó a arrastrarse para subir las gradas. Más bien, le envió un mensaje al juez indicándole que él estaba abajo. Entonces, las autoridades lo arrestaron por no presentarse ante el tribunal. George Lane entabló un juicio contra el Estado de Tennessee porque violó los derechos civiles.

A como están las cosas, el Procurador General de Tenessee, Paul Summer argumentará que el gobierno estatal está protegido por su propia jurisdicción y que no está obligado a cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, que es una ley aprobada por el gobierno federal de Estados Unidos. Esto significa que para evitar ser demandado por incumplir una ley nacional,   el gobierno estatal usará la estrategia del juez Sutton: La teoría constitucional de la llamada “inmunidad soberana”, la doctrina de los derechos de los estados.

Nosotros no podemos saber qué decidirá la Corte, pero creemos que el proceso judicial ignorará el hecho de que los derechos de una persona con discapacidad, fueron violados. Por el contrario, el mecanismo de la ley procurará que el tema de la discriminación por motivos de discapacidad no sea lo importante aquí, sino que el tema será si el Sr. Lane, tiene o no derecho a demandar al gobierno que le ofendió o lesionó.

El acto injusto es que al Sr. George Lane se le discriminó, pero esa no es la pregunta que debe resolver la Corte. Para la Corte será primordial determinar si a los Estados se les puede llevar a juicio. Como sucedió en el caso de Patricia Garret, a quien se le discriminó e ignoró, las y los magistrados se concentrarán en la validez de la inmunidad del Estado que está siendo acusado.

¿Están así las cosas cuando se trata de cierta paridad usando los derechos humanos   dentro de un sistema basado en una corte parcializada?

Sabemos que la “igualdad de oportunidades” no existe realmente en ninguna parte. El desempleo es endémico en el capitalismo. Como lo indica el autor Michael Yates, el forzar al desempleo es un robo por parte de los propietarios de la producción. Años de ingreso que pertenecerían a las y los trabajadores, les son negados cada año que no trabajan. Esta situación, a su vez causa muchas dificultades y la exclusión social con muchas ramificaciones.

Sólo que no basta con pedir igualdad, como si fuera lo único necesario para lograr una sociedad justa. También es importante reconocer que hay grupos más afectados que otros. Todavía la raza, el género, los aspectos étnicos y la discapacidad son universales.

Argentina
Durante la V Asamblea nacional de Trabajadores Empleados y Desempleados, que se celebró en Buenos Aire, del 2 al 3 de agosto del 2003, las y los trabajadores hicieron eso. Las Comisiones del Movimiento de Trabajadores (con la presencia de una 28.000 personas) reconocieron que las y los trabajadores con   discapacidad deben enfrentarse a serias dificultades en materia de empleo, siendo los primeros en ser despedidos y los últimos en ser contratados.

La Asamblea aprobó una propuesta de la Red de Derechos de las Personas con Discapacidad, sección Argentina, para detener los despidos de personas con discapacidad, incluso cuando la trabajadora o el   trabajador adquiere una discapacidad que continúe en su empleo sin pérdida de su salario. También solicitó cuotas de empleo para las y los que desean trabajar en los sectores público y privado. Para las trabajadoras y los trabajadores desempleados, la Red demandó ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de las familias y salud universal.

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