El Perú: un ejemplo que no se debe seguir

De: Julio Wilfredo Guzmán Jara (confenadip@hotmail.com)

El Estado peruano es firmante de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad , ratificada por Decreto Legislativo 27484 el 7 de junio del 2001. Asimismo ratificó con Decreto Legislativo 24509 en 1986 el Convenio 159 y la recomendación 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de discapacidad.

Igualmente tiene el compromiso ético y moral de cumplir las múltiples normativas internacionales existentes en materia de discapacidad y posee una vasta legislación nacional, que en su mayoría fue lograda gracias a la presión permanente de los gremios de las personas con discapacidad.

Podríamos afirmar que desde los años setenta en materia de leyes, las personas con discapacidad del Perú somos uno de los países más avanzados del planeta; sin embargo existe una inmensa brecha que la realidad nos describe, frente a la declaración y a la teorización.

Cifras sombrías
Por otro lado y a la luz de importantes estudios de investigación desarrollados en la última década, constatamos que en el país existe una población de 26 millones de habitantes en la cual el 54% y 24% se encuentran en condiciones de pobreza y extrema pobreza respectivamente. En el último caso son compatriotas que sobreviven con 80 centavos de dólar por día.

El 26% de niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica y ocupamos el penúltimo lugar en Latinoamérica dado nuestro alto índice de tuberculosis. Pueblos enteros mantienen situaciones endémicas con enfermedades como la malaria, paludismo, hepatitis B, etc.

En el ámbito latinoamericano, en materia educativa ocupamos el último lugar en conocimiento de lenguaje y el penúltimo en matemática. La administración de salud ha sido calificada como una de las más erráticas en el ámbito mundial, en consecuencia podemos inferir de estas condiciones, una situación absolutamente propicia para la prevalencia de discapacidades; tal como lo constata en el año 1993, un estudio auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El propio Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de un trabajo muestral determinaron lo siguiente: el 45,40% de la población nacional presenta deficiencia; el 31.18% presenta discapacidad y el 13.08% minusvalía.

Quienes trabajamos desde hace mucho tiempo en el tema, hemos concluido en la idea de que no menos de 3 millones y medio de personas presentan algún tipo de discapacidad que debe ser atendida a través de políticas y programas públicos que permitan adecuar servicios, planes de igualdad de oportunidades en el marco de una visión descentralista en un modelo geopolítico de participación de todos los pueblos , incluidos los mas alejados de la agreste geografía nacional.

No tenemos ninguna duda que la gran tarea de ir resolviendo la problemática de la discapacidad tiene que ver con políticas de Estado y no solamente de gobierno; que el asunto de la discapacidad corresponde al respeto de los derechos humanos y que la condición de vida de los peruanos y las peruanas, similar a la de los demás pueblos latinoamericanos, indica, de manera lacerante, que la responsabilidad recae en la actitud indolente de los gobiernos que no han sabido afrontar con responsabilidad jurídica, social y política la toma de decisiones que trasforme esta realidad.

Educación y discapacidad
En el Perú existe una población de 800 mil personas con discapacidad en edad escolar. Según datos oficiales sólo acceden a las diferentes modalidades educativas 71mil de ellas en alrededor de 400 colegios especiales y/o programas integrados: menos del 9% tiene acceso real a la educación y esto constituye una clara violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, que no están accediendo a la instrucción, al conocimiento y a la formación.

Por otra parte en el año 2003, el Estado peruano ha invertido 675 millones de dólares en la educación de todos los peruanos, mientras que en educación especial la inversión ha sido de solamente 7.3 millones de dólares, algo más del 1% del total, situación extremadamente inicua que nos describe claramente la actitud francamente discriminadora de quienes preparan y sancionan el presupuesto de la República

Salud y discapacidad
En este aspecto baste citar a manera de ejemplo que en el año 2001 la inversión pública en salud fue de 523 millones dólares; de este monto el gasto público para la atención de las personas con discapacidad, fue de sólo 2 millones de dólares; es decir apenas algo más de un tercio del 1%.

Todos sabemos que existe una relación implícita entre salud y discapacidad agravada, además, por las secuelas de la rehabilitación y de los propios problemas de salud que se desarrollan por sobrellevar algún tipo de discapacidad.

Si en educación la situación era deplorable, esta constatación en el tema de la salud, nos releva de mayores comentarios. Está claro que la responsabilidad de este estado de cosas recae en diferentes gobiernos que se han sucedido en el y en el actual porque la situación no ha variado.

Trabajo, empleo y discapacidad
Nuestra población de personas con discapacidad en edad productiva es de alrededor de dos millones de personas. Estudios confiables nos refieren que solo un 11% de las mismas tienen algún tipo de ocupación y que el restante 89% vive en condiciones de asistencia, dependencia, mendicidad y de completa desocupación.

Apenas el 11% al que hemos hecho referencia trabaja en el ámbito del subempleo y muy pocos desarrollan un trabajo digno, no obstante que la propia Constitución Política del Perú contiene sendos artículos que establecen la protección legal de la personas con discapacidad y la protección del trabajo para las personas con discapacidad, así como la existencia de la legislación que contempla el crédito y reserva de puestos de trabajo por parte de los sindicatos -desde hace 12 años- hasta en un 10% de las nuevas plazas, para las personas con discapacidad.

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