New Zealand Newswire

por Robyn Hunt (robyn@iecho.co.nz)

Mujer con discapacidades nombrada Fiscal General

Uno de los nombramientos de mayor categoría que ha hecho el nuevo gobierno es el de Fiscal General. Margaret Wilson, nombrada por primera vez al gabinete, tiene una amputación. Aunque no es una activista de la discapacidad y se la conoce por su activismo a favor de las mujeres, tiene simpatías hacia los temas de la discapacidad. Al ser también Ministro del Trabajo, participará en temas de derechos humanos.

La cartera de Trabajo es especialmente importante en Nueva Zelandia porque se analizará la Ley de Contratos Laborales que los sindicatos llaman opresiva. La nueva legislación ya fue presentada al parlamento y casi no dice nada sobre la discapacidad y hay problemas en la ley antigua que no se han discutido.

Se obtendrá información sobre la discapacidad

El gobierno del partido Labour entrante ha decidido que en el próximo censo haya preguntas sobre discapacidad, lo que anuló una decisión anterior. En 1996, tras una larga batalla por parte del sector discapacidad, se incluyó preguntas sobre la discapacidad en el censo nacional y la información que presentó más la de la encuesta que lo siguió entregaron datos de primera calidad sobre la discapacidad a nivel nacional.

El nuevo gobierno presenta nueva legislación y análisis

Parece que este año será uno ocupado para los activistas ya que hay una cantidad de actividades. Las Normas de Acceso de Nueva Zelandia (NZS4121) se están revisando ahora y se espera que haya un Borrador de Comentarios Públicos para la primavera. La norma tiene un lugar único en el sistema de control arquitectónico neozelandés ya que sirve de conexión entre la legislación en contra la discriminación por derechos humanos y el nuevo código arquitectónico.

El gobierno entrante también ha prometido revisar la Ley de Promoción de Contratación de Personas con Discapacidades que se aprobó durante la década de 1960 y ahora crea controversias. Ella protegía la creación de talleres que tenían excepciones a la ley que regía la mayoría de los lugares de trabajo y derechos de los trabajadores. Esta legislación creaba conflicto porque no era consistente con la Ley de Derechos Humanos de 1993 donde se incluía la población con discapacidades.

Ha habido varios informes sobre la Ley, pero la presión política de los Talleres Protegidos es fuerte y ha resistido el cambio. Ahora hay jefes de Talleres Protegidos que entienden la situación y tienden a apoyar los programas laborales. El trabajo subvencionado aumenta rápidamente y las organizaciones de apoyo como la DPA (Asamblea de Personas con Discapacidades) están presionando para cambiar la ley y favorecer la opción del trabajo subvencionado. Que es mejor.

Según ASENZ (Asociación para el Trabajo subvencionado en Nueva Zelandia) esta opción se hace más posible porque presenta la posibilidad del trabajo subvencionado, crea normas y promueve prácticas buenas.

Ya ha habido cambios en los seguros de accidentes y compensación. El gobierno anterior posibilitó la entrega de seguros de accidentes por empresas privadas para crear competencia al proveedor estatal. El gobierno actual está procediendo para revertir la situación y hay legislación en proceso de convertirse en ley.

Discapacidad intelectual

La Ley de Atención Obligatoria a la Discapacidad Intelectual es otra ley que se delibera y ha causado mucha preocupación entre la comunidad con discapacidades porque se considera es una amenaza a los derechos humanos de un pequeño grupo de gente a quienes se entiende como peligrosa a sí mismos y al resto. El peligro es más percibido que real, ya que muchos consideran que los acápites bajo la ley actual tienen la situación bajo control.

A pesar de ello, aun hay temor de las personas con discapacidades intelectuales y con enfermedades psiquiátricas en la comunidad más amplia. El público se confunde entre las dos, especialmente cuando personas de ambos grupos quieren mudarse de las a una comunidad.

Otra revisión importante es la que se anunció para Special Education 2000, que son políticas educacionales que han crecido en controversia porque los padres han tenido que luchar contra procesos complejos y recursos desiguales.