El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado contiene información sobre discapacidades

por Kay Schriner (kays@comp.uark.edu)
 

Los activistas de la discapacidad a nivel mundial pueden consultar el informe anual del Departamento de Estado sobre derechos humanos para tomar ideas de cómo proponer reformas en sus propios países.

Se considera que los informes anuales sirven a los activistas para asegurar que los gobiernos no discriminan contra las personas con discapacidades.

Ahora se puede leer el informe de febrero del 2000 www.state.gov/www/global/human_rights/1999/_hrp_report/99hrp_index.html, la página electrónica del Departamento de Estado. Los informes describen cómo se estructura el gobierno (monarquía constitucional, democrático parlamentario) y ofrece información básica sobre el proceso político actual y la economía. Su propósito principal es informar sobre la situación de los derechos humanos. Entre varios temas, el informe cubre las libertades políticas, las condiciones carcelarias, las libertades civiles y religiosas.

Discriminación basada en la discapacidad

Puede que se mencione la situación de las personas con discapacidades en cualquier sección del informe, pero el título "Discriminación basada en raza, sexo, religión, discapacidad, idioma o nivel social" encabeza la sección 5. En esta sección se resume lo que el país aporta y cuáles son los problemas por solucionar.

No se debe entender la información literalmente, sino como una fuente de datos útiles. Por ejemplo, el Departamento de Estado informa que en Alemania "no hay discriminación contra los discapacitados en el trabajo, la educación o la entrega de servicios del gobierno".

Otro informe afirma que el gobierno japonés ha "reconocido que se esterilizó, sin que lo supieran, a unas16.500 mujeres con discapacidades entre 1949 y 1992; mas se negaron a compensarlas o disculparse a ellas".

Lo raro es que mientras el Departamento de Estado informa frecuentemente a cuántas mujeres se ha elegido o nombrado a cargos, poco es el comentario que hay sobre el poder político de la población con discapacidades. La excepción es una mención breve sobre Uganda, donde el parlamento reserva cinco asientos para representantes de personas con discapacidades.

A continuación se presentan detalles sobre los informes de 12 países del mundo:

Brasil. La constitución tiene varias provisiones que estipulan el salario mínimo, oportunidades educativas y acceso a los edificios y transporte público para las personas con discapacidades. Sin embargo, grupos relacionados con la discapacidad informan que los gobiernos de los estados no han cumplido con las metas legales para las oportunidades educativas y de trabajo. Una ley de 1991 ordena que todas las empresas con más de 200 empleados deben reservar el 2% de sus vacantes para individuos con discapacidades. En agosto, los personeros del sector laboral del Distrito Federal crearon una campaña de información para cumplir con la ley y avisar que se podría multar a quienes no cumplieran.

La Secretaría Nacional de Derechos Humanos auspició "Una ciudad para todos" en cooperación con los gobiernos municipales y las ONG internacionales que se dedican a dar mejor acceso a las personas con discapacidades a las áreas y el transporte público. A pesar de ello, se ha hecho pocos adelantos para eliminar las barreras arquitectónicas. A pesar que en agosto, el gobierno de Río de Janeiro ordenó que las compañías de buses de ciertas rutas deben mantener un mínimos de buses con adaptaciones para sillas de ruedas, no se ha modificado ni los buses interestatales ni los intercomunales.

Según el Ministerio Federal de Educación, solamente un 5% de los posibles 6 millones de estudiantes con discapacidades en edad escolar tuvo acceso a la instrucción especializada en 1997. Solamente un 43% de los distritos escolares ofrecen instrucción especial para niños con discapacidades en el país.

Alemania. El Departamento de Estado informa que no existe discriminación contra la población con discapacidades ni en el trabajo ni la educación o en la entrega de otros servicios del gobierno. La ley ordena la entrega de varios servicios especiales y el gobierno debe hacer que se cumplan. Las personas con discapacidades tienen derecho a asistencia para evitar, eliminar o aliviar las consecuencias de sus discapacidades y asegurarse un trabajo concorde a sus habilidades. El gobierno ofrece capacitación vocacional y otorgamientos para contratistas que contratan a personas con discapacidades. A quienes tienen discapacidades serias se les da ciertos beneficios como la eliminación de impuestos, transporte público gratis, beneficios de estacionamiento y exención de tarifas de radio y televisión.

El gobierno federal diseñó lineamentos para la construcción de edificios públicos "sin barreras" y para la modificación de calles y tráfico pedestre para que acomodara a la población con discapacidades. Los 16 estados han incorporado los lineamentos federales a sus códigos arquitectónicos y el 98% de los edificios públicos federales respetan los lineamentos de un "ambiente sin barreras".

India. Según las ONG regionales, hay más de 90 millones de personas con discapacidades en el país. No existe ley ni pronunciamiento para la accesibilidad de las personas con discapacidades. Tras la adopción de la Ley para personas con discapacidades (Igualdad de oportunidades, protección de los derechos y la participación completa) de 1995, un naciente movimiento de derechos de la discapacidad lentamente crea consciencia y da autosuficiencia a las personas con discapacidades. Aunque la ley extiende la independencia, la libertad y la igualdad de derechos a todas las personas con discapacidades, la mayoría de las organizaciones de la discapacidad admiten que, hasta ahora, sus efectos prácticos han sido mínimos a razón de una cláusula que limita la implementación de los programas a la "capacidad económica" del gobierno. En gran medida, los impedimentos físicos aún limitan la movilidad, la ley previene la igualdad y la discriminación social mantiene el estado de las personas con discapacidad.

La División de Personas con Discapacidades del Ministerio de Bienestar contaba con un presupuesto de $38 millones (1650 millones de Rupias) para una serie de organizaciones y comités a nivel nacional, regional y local en el año fiscal de 1998-99. El ministerio ofrece servicios de rehabilitación a la población rural por medio de 16 centros de distrito. Un plan nacional de rehabilitación compromete al gobierno a habilitar un centro de rehabilitación en cada uno de los más de 400 distritos, pero los servicios están concentrados en áreas urbanas. El impacto de los programas de gobierno, sin embargo, ha sido limitado. Se da financiamiento importante a un puñado de organizaciones gubernamentales como la Corporación India de Manufactura de Miembros Artificiales, la Corporación Nacional para el Financiamiento y Desarrollo de la Discapacidad y el Consejo de Rehabilitación de India. Cada programa o entidad ofrece servicios específicos o capacitación que incluye la producción de ayudas y prótesis, la promoción de desarrollo económico orientado a las actividades de los discapacitados, ofrece capacitación para profesionales médicos e instructores vocacionales en relación con temas de la discapacidad y da rehabilitación integral para los discapacitados rurales.

Hay otorgamientos menores para las ONG que coordinan programas para facilitar la rehabilitación física, psicológica y social de los discapacitados y para facilitar su integración a la sociedad mayoritaria. Durante 1998-99, se puso a disposición $3 millones (130.5 millones de Rupias); pero se asignó sólo la mitad como resultado de las restricciones monetarias a cada organización y la pequeña cantidad de ellas.

Programas nuevos

Dos de los programas importantes que benefician a la población con discapacidades son el Mentally Retarded in Family and Community (Personas con retrasos mentales en la familia y la comunidad) y el National Institute for the Multiple Disabilities (Instituto nacional para la discapacidad múltiple). El primero, que partió en seis estados en 1998, principalmente está dedicado a los niños pobres y crea consciencia sobre la discapacidad mental, sus problemas y derechos. El segundo, actualmente auspiciado por el Ministerio de Bienestar, ofrece rehabilitación a las personas con discapacidades múltiples como a desarrollar cursos y materiales para ampliar la consciencia en las comunidades del país.

Según la Persons with Disability Act (Ley para personas con discapacidad), el 3% de las posiciones en oficinas gubernamentales debería reservarse para personas con discapacidades visuales, auditivas u ortopédicas. El gobierno da precios especiales en pasajes de trenes, asignaciones y becas de educación, exenciones aduaneras y fondos presupuestarios del Ministerio de Desarrollo Rural, además de capacitación para la rehabilitación para ayudar a las personas con discapacidades. El respeto de estos derechos, sin embargo, no es completo. A pesar que el gobierno ha dado pasos importantes para mejorar la condición de las personas con discapacidades, su participación no ha sido la necesaria. La mayoría de la responsabilidad del cuidado de la población con discapacidades recae en la familia y en grupos voluntarios.

Los derechos de quienes tienen enfermedades mentales

NHRC sigue recibiendo quejas relacionadas con acoso, intolerancia y discriminación contra la población con discapacidades. Sigue juntando información sobre los casos e informando a las ONG y las entidades gubernamentales. Sin embargo, el proceso es lento y sus efectos han sido mínimos hasta ahora. Anualmente, la NHRC sigue en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de los hospitales psiquiátricos y promoviendo los derechos de quienes tienen discapacidades mentales. En 1997 le encargó al Instituto Nacional de Salud Mental y Neurociencia una evaluación de las condiciones en los hospitales psiquiátricos del país.

A pesar que la constitución y la Ley de salud mental de 1987 aseguran los derechos de los enfermos mentales y con discapacidades mentales, la NHRC indicó que aunque existen esas protecciones, las condiciones de los hospitales psiquiátricos dejan mucho que desear. Siguen manteniendo los viejos conceptos de la atención de la salud mental y esencialmente funcionan como custodios en vez de instituciones terapéuticas. En hacinamiento y como "basureros" de familiares desesperados, a los hospitales psiquiátricos les falta hasta los servicios más básicos y tienen prestaciones médicas malas. En agosto, la NHRC informó que se hizo cargo de la administración de los hospitales psiquiátricos de Ranchi, Bihar, Agra, Uttar Pradesh, y Gwalior, Madhya Pradesh por órdenes de la Corte Suprema.

Japón. En 1997 el gobierno aceptó que se esterilizó a casi 16.500 mujeres con discapacidades sin su consentimiento entre 1949 y 1992. Al aceptar la situación, el gobierno declaró que no pensaba ni disculparse ni compensarlas, ni seguir investigando el programa a pesar de las quejas de la Federación Nacional de la Discapacidad Mental y de otros grupos representantes de mujeres y de personas con discapacidades. Un personero del Ministerio de la Salud indicó que no se necesitaba disculpas porque el procedimiento era legal en ese entonces. La Ley de Protección Eugenética que se revocó en 1996´le permitía a los doctores esterilizar a todas las personas con discapacidades mentales o con ciertas enfermedades hereditarias sin su consentimiento tras la aprobación por comités nombrados por los gobiernos locales. Los grupos de defensa de las mujeres y de la población con discapacidades siguen presionando al gobierno para que investigue todos los casos de esterilización, se disculpe formalmente y ofrezca compensación.

Aunque en 1994 la ley de normas arquitectónicas para establecimientos públicos permite que los dueños de hospitales, teatros, hoteles y empresas similares reciban préstamos a bajo interés y retornos de impuestos si construyen entradas y ascensores que sirvan a quienes tienen discapacidades, la ley no exige que haya accesibilidad para ellos en los edificios. Se estima que hay 2.9 millones de personas con discapacidades físicas y más o menos 2 millones de personas con discapacidades mentales. Aunque no sufren discriminación abierta en lo laboral, educacional o en la entrega de otros servicios estatales, la población con discapacidades se enfrenta a acceso limitado a la locomoción pública normal y a otros servicios. La ley civil indica que las personas con impedimentos auditivos o del habla no pueden crear testamentos válidos porque no pueden "comunicar oralmente" al notario el contenido de un testamento o indicar si el texto que les lee el notario es el correcto.

La Mesa Redonda sobre Trabajo para los Discapacitados, que funciona dentro del Ministerio del Trabajo, desde 1976 ordena que las compañías privadas con más de 300 empleados contrate una proporción mínima fija de personas con discapacidades. La penalidad por desacato es una multa. En 1998, un decreto del ejecutivo ordenó que las compañías privadas elevaran la proporción de personas con discapacidades dentro de su fuerza laboral del 1,6 al 1,8% y aumentó el porcentaje de las personas con discapacidades en el sector público del 2 al 2,1%. Hay, sin embargo, evidencia que solamente la mitad de las compañías obedecen el decreto. El reflujo económico actual lo sufren especialmente los empleados con discapacidades y en 1998 la cantidad de ellos despedidos por las compañías fue un 40% mayor que la cifra del año anterior.

Discapacidad mental

En 1998 se enmendó la Ley para Promover la Contratación de Discapacitados para que incluyese a la población con discapacidades mentales. La enmienda también dio más libertad al procedo de licencias de centros comunitarios de apoyo que promueven la contratación de personas con discapacidades e introdujo subsidios gubernamentales para la contratación de personas con discapacidades mentales en trabajo temporario. En 1997, a un ex-empresario de la prefectura de Ibaraki que había recibido generosos subsidios gubernamentales se le condenó a 3 años de prisión' por abusar físicamente a trabajadores con discapacidades mentales en su fábrica y por haber retenido parte de sus salarios. Una encuesta de marzo hecha por un grupo de apoyo de personas con discapacidades mentales demostró que un 44% del personal en casas para personas con discapacidades mentales aceptó que maltrató a aquellos bajo su cuidado.

En 1995, la casa central de Promoción del Bienestar de Personas Discapacitadas, creado por la oficina del Primer Ministro, recomendó que las municipalidades diseñaran planes formales para la atención de ciudadanos antes de marzo de 1997. En 1996, el Ministerio de Salud y Bienestar también dio instrucciones a los gobiernos locales para que fijaran metas para la cantidad de personal de atención casera asignada a las personas con discapacidades. Sin embargo, según informes de prensa, solamente un tercio de las municipalidades de la nación tienen planes de atención profesionales para las personas con discapacidades.

Marruecos. Una alta incidencia de enfermedades discapacitantes, especialmente la polio, ha resultado en una consecuentemente alta incidencia de personas con discapacidades. Aunque el Ministerio de Asuntos Sociales favorece la integración social de las personas con discapacidades, en la práctica son las caridades privadas las únicas que lo hacen. Sin embargo, los programas de capacitación sin fines de lucro son más caros de lo que la mayoría de las familias puede costear. Por lo general, las personas con discapacidades reciben apoyo de sus familias y algunas de ellas sobreviven pidiendo limosna. El gobierno sigue manteniendo un programa piloto de capacitación de ciegos que recibe financiamiento parcial de un miembro de la familia real. No hay leyes que obliguen cambios arquitectónicos para facilitar el acceso de personas con discapacidades.

Nueva Zelandia. La ley prohibe la discriminación contra personas con discapacidades en el trabajo, la educación y la entrega de otros servicios del estado. El acatamiento de las leyes de acceso ordenadas por las leyes de Derechos Humanos y de Bienestar Comunitario para las Personas con Discapacidades varía según los esfuerzos que hacen los dueños de negocios y otros que se esfuerzan para hacer las adaptaciones necesarias. El gobierno no ha cumplido totalmente con las leyes de acceso para todos prohibiendo la discriminación basadas en la discapacidad en áreas como la movilización pública y servicios públicos. Por medio de una ley que entró en efecto el 1ero de octubre. El gobierno extendió la exención de las leyes contra la discriminación por otros dos años, dejando en claro que no se tiene que cumplir con las leyes de acceso igualitario para las personas con discapacidades hasta el 1ero de enero de 2001. Mientras, el Ministro de Justicia debe informar semestralmente sobre el cumplimiento de las leyes de acceso igualitario del sector público.

El gobierno no ha legislado ni ordenado cumplir las órdenes para facilitar el acceso de personas con discapacidades a edificios. Aunque en 1998 el Ministerio de Salud creó un Consejo para la Rehabilitación para resolver las necesidades de 559.000 ciudadanos con algún tipo de discapacidad, solamente un 3% de ellos recibe tratamiento médico. Los veteranos de guerra y otras personas con discapacidades reciben atención costeada por el gobierno por medio de estas clínicas y hospitales, pero la atención es generalmente mala; pero con la asistencia de ONG internacionales, gobiernos extranjeros y el sistema de salud público, el gobierno ha comprado miles de prótesis y otro equipo médico para veteranos y ex-miembros de la resistencia.

Nicaragua. El gobierno no ha legislado ni ordenado cumplir las órdenes para facilitar el acceso de personas con discapacidades a edificios. Aunque en 1998 el Ministerio de Salud creó un Consejo para la Rehabilitación para resolver las necesidades de 559.000 ciudadanos con algún tipo de discapacidad, solamente un 3% de ellos recibe tratamiento médico. Los veteranos de guerra y otras personas con discapacidades reciben atención costeada por el gobierno por medio de estas clínicas y hospitales, pero la atención es generalmente mala; pero con la asistencia de ONG internacionales, gobiernos extranjeros y el sistema de salud público, el gobierno ha comprado miles de prótesis y otro equipo médico para veteranos y ex-miembros de la resistencia.

Rusia. La constitución no discute el tema de la discriminación contra la población con discapacidades. Aunque legalmente se prohibe la discriminación, el gobierno no hace que se respete. Los pocos recursos que el gobierno puede dedicar a la ayuda de las personas con discapacidades se entregan a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos militares. Hay instituciones especiales para niños con discapacidades, pero no se les atiende adecuadamente. El gobierno no exige acceso especial para personas con discapacidades a los edificios. La Sociedad para la Defensa de los Inválidos, una ONG, trata de crear consciencia y comprensión sobre las necesidades de los discapacitados.

Una ley de 1995 exige que las firmas con más de 30 empleados reserve un 3% de sus posiciones para personas con discapacidades o contribuya con un fondo gubernamental para crear oportunidades de trabajo para personas con discapacidades. La ley hizo que se eliminara lenguaje que define a un "inválido" como a una persona incapaz de trabajar, mas el gobierno no la ha hecho cumplir. Algunas personas con discapacidades han encontrado trabajo de la Sociedad Rusa para Personas con Discapacidades, pero la mayoría no puede encontrar trabajo y frecuentemente se la convence para que no trabaje en vez de convencerla que deje de subsistir de la beneficencia pública.

En diciembre de 1998, Human Rights Watch informa en el artículo Abandoned to the State (Abandonado al estado) se documenta las calamitosas condiciones de los orfanatos. El informe tiene fotografías tremendamente dramáticas de niños excesivamente desnutridos en orfanatos estatales para personas con discapacidades. El tener discapacidades sigue siendo un estigma serio en el país, actitud que pesa profundamente sobre cómo se trata a los niños institucionalizados. A muchos de los niños con discapacidades físicas o mentales se los considera no aptos para la educación aun a pesar que son menores defectos de nacimiento. Según el informe, a muchos se los restringe el día entero a camas o piezas que no tienen iluminación, calefacción ni amoblado adecuado. Quienes les dan atención mínima son trabajadores malamente pagados sin calidad profesional en atención de personas con discapacidades.

Arabia Saudita. La entrega de servicios sociales ha aumentado constantemente la socialización de las personas con discapacidades. La prensa incluye noticias donde se felicita los logros de las personas con discapacidades y se critica duramente a los padres que maltratan a sus hijos con discapacidades. El gobierno y organizaciones de beneficencia cooperan en aspectos de educación, trabajo y otros servicios para personas con discapacidades. La ley habla de cuotas de contratación para las personas con discapacidades. Aunque no existe legislación que exige el acceso público, los edificios más modernos casi siempre ofrecen acceso.

Específicamente, la ley no prohibe ni el trabajo forzado ni la servidumbre de niños. A pesar de la rara excepción de bandas de limosneros dominadas por criminales y exceptuando las empresas de familia, ni el trabajo forzado ni la servidumbre de niños existe. En 1997, el gobierno trató intensamente de erradicar la limosna por niños.

Bandas criminales compuestas casi exclusivamente por extranjeros compra e importa niños, a veces con discapacidades, del sur este asiático para forzarlos a pedir limosna. Los dirigentes de las bandas sistemáticamente fuerzan a los niños a pedir limosna en las calles y luego les confiscan lo ganado. En el año, las autoridades arrestaron algunos de los jefes de las bandas y regresaron a por lo menos 76 de los niños a sus países.

Africa del Sur. La constitución prohibe la discriminación en base a la discapacidad. La sociedad se abre al concepto de personas con discapacidades como una minoría cuyos derechos cívicos deben ser protegidos. El gobierno trata de asegurar que todos los proyectos financiados por el gobierno tomen en cuenta las necesidades de los ciudadanos con discapacidades. En la práctica, sin embargo, tanto en el gobierno como en el sector privado existe discriminación contra ellos. Según el Affirmative Action Monitor, una ONG, menos de dos tercios de las compañías identifican a personas con discapacidades para formar parte de sus programas de acción afirmativa. La ley exige que en los edificios haya acceso para las personas con discapacidades, pero los reglamentos casi no se cumplen y el publico más bien lo ignora. La Ley de Contratación Equiparada exige que las empresas con más de 50 trabajadores creen un plan de acción afirmativa con miras a lograr la contratación igualitaria de personas con discapacidades. El National Environmental Accessibility Program, una ONG, que une a consumidores con discapacidades y proveedores de servicios se ha establecido en nueve provincias para hacer cabildeo y exigir que se cumplan los reglamentos y querellarse contra los dueños de propiedades cuando sea necesario.

Uganda. La constitución reserva cinco escaños parlamentarios para representantes de personas con discapacidades, cinco escaños para representantes juveniles, más tres escaños para los sindicatos. Los parlamentarios que dicen no pertenecer a ningún partido participan de lleno en las actividades parlamentarias.

La constitución indica que las personas con discapacidades tienen "el derecho al respeto y a la dignidad humana" y que se necesita que las autoridades tomen las medidas necesarias "para que logren todos sus potenciales mentales y físicos"; mas a pesar de este mandato, los servicios y oficinas gubernamentales no se ven obligados a cumplir aspectos como la accesibilidad de personas con discapacidades a los edificios. La mayoría de los edificios son de un piso, pero en las ciudades más grandes donde hay edificios de más de un piso, ellos no tienen ascensores y, aun donde los hay, no se puede contar con ellos. La discriminación generalizada por la sociedad y los contratistas limita las oportunidades de educación y trabajo para quienes tienen discapacidades. En 1998, el gobierno nombró a un Ministro de Estado para personas con discapacidades además del Departamento de Personas con Discapacidades en el Ministerio de Genero Sexual, Trabajo y Desarrollo Social, pero estas oficinas y posiciones tienen poco presupuesto para cumplir o apoyar las iniciativas.

Reino Unido. La Ley Contra la Discriminación de Personas con Discapacidades, de 1995, prohibe la discriminación contra personas con discapacidades en cuanto al acceso a edificios públicos donde hay más de 15 trabajadores, personal de servicios (fuera de los educadores y manejan vehículos) y por quienes venden o arriendan propiedades. La Ley de Educación, de 1993, impone tareas específicas a las autoridades educacionales locales para que cumplan con las necesidades educacionales especiales de los niños con discapacidades. La ley Comisión de Derechos de la Discapacidad (DRC), aprobada en julio, crea un cuerpo entre cuyas funciones se incluye vigilar la Ley de Discriminación Contra la Discapacidad, asistiendo a la población con discapacidades a querellarse y promoviendo prácticas positivas entre los proveedores de servicios. La DRC también tiene poder para hacer investigaciones formales.

Actualmente, un consorcio de más de 70 organizaciones de la discapacidad promueve leyes para terminar con la discriminación basada en la discapacidad, informa que los contratistas tenían seis veces más posibilidades de ignorar a una persona con discapacidades que a una persona sin ellas con las mismas calificaciones. Los reglamentos gubernamentales exigen que todas las nuevas construcciones cumplan con los requisitos de acceso para las personas con discapacidades de movilidad. En 1992, el gobierno decretó reglamentos parecidos para beneficiar a las personas con discapacidades sensoriales y exige que los taxis tengan acceso para sillas de ruedas para el 2000. Aunque por lo general han mejorado, el acceso a muchos edificios es inadecuado y muchos edificios y estaciones de trenes son tan viejas que no tienen ascensores. Según la ONG Scope, el 94% de los puestos de votación de la elección de 1997 tenía uno o más problemas de acceso para la discapacidad. En septiembre, la segunda etapa de la Ley de Discriminación de la Discapacidad entró en efecto y exigía que todos los negocios dieran servicios a los compradores con discapacidades. Las adaptaciones debían ser "razonables", teniendo en cuenta las circunstancias y el tamaño de la empresa. Por ejemplo, se podía esperar que una cadena de restoranes imprimiera el menú en braille cuando en un pequeño restorán de barrio el mozo tendría que leerle el menú a un ciego.