La fiscalización federal del trabajo en Brasil y los derechos de las personas con discapacidades

Por Denise Lapolla, Fiscal Público
 

En Brasil, La Fiscalía Federal del Trabajo tiene el poder de defender los derechos sociales del trabajo definidos en la constitución. En Brasil, generalmente se le conoce como el "Cuarto Poder" y se le estableció como una forma de supervisión para vigilar cómo se implementaban las leyes laborales y conseguir su aplicación pareja. La constitución especifica todos los derechos derivados de los contratos laborales. Es obvio que se supone que los fiscales federales no defiendan a cada trabajador en forma individual, puesto que pueden contratar a un abogado para hacerlo.

La Fiscalía Federal del Trabajo considera la proporción del daño causado por la violación de los derechos sociales. Por ejemplo, si la compañía no contrata mujeres porque podrían quedar embarazadas, si el ambiente de trabajo es peligroso, si hay algún tipo de discriminación contra los trabajadores dada su religión, raza, edad o condiciones físicas, etc., la fiscalía laboral debe actuar. Por tanto, si hay algún tipo de discriminación contra las personas con discapacidades en relación con sus derechos laborales, la Fiscalía Federal se querellará contra los violadores de la ley. Esto pasa a ser un tema de interés público.

En Brasil hay una ley federal, la Ley nº 8.213/91, que obliga a las compañías con más de 100 empleados a reservar un porcentaje de esta cantidad para personas con discapacidades y para quienes han recibido rehabilitación. Si la compañía tiene  entre 100 y  200 posiciones, el 2% se le debe ofrecer a personas con discapacidades. Entre 200 y 500, la proporción sube al 3%, entre 500 y mil, al 4%, y sobre mil, los trabajos reservados son el 5%.

Como la presidencia actual la considera una prioridad, las oficinas de la Fiscalía del Trabajo de todos los estados del país han estado notificando a las compañías para que reserven la cuota. Especialmente en São Paulo, en lo que va corrido desde noviembre del 99, 150 dueños de empresa tuvieron que presentarse a las oficinas de la fiscalía donde se les pidió que cumplieran con la cuota. Unos firmaron compromisos, otros recibieron multas y los primeros resultados muestran que hay una cantidad de personas con discapacidades listas para trabajar, más de las que nunca podríamos haber imaginado. ...Y se les debe dar una oportunidad.